El pleno extraordinario de Gerena ha aprobado este 8 de marzo de 2017, a iniciativa del grupo municipal de Izquierda Unida, el acuerdo plenario que solicita la fiscalización de la actividad económica, financiera y los procedimientos contratación pública del ayuntamiento por la Cámara de Cuentas del Parlamento de Andalucía, además de remitir los informes redactados por la secretaría e intervención municipal a la fiscalía provincial de Sevilla.

A raíz de la emisión los primeros informes por parte de la nueva secretaría e intervención del ayuntamiento, tras la salida por condena firme del anterior secretario interventor municipal, en el que alertaban sobre el descontrol administrativo y de organización que hacía que la estabilidad, la sostenibilidad y la viabilidad del ayuntamiento se cuestionase, el grupo municipal de Izquierda Unida solicitó la convocatoria de un pleno extraordinario con objeto de exigir la fiscalización externa de las cuentas municipales.

Tanto el portavoz del grupo municipal del PSOE, Manuel Illaucci Fdez. como el alcalde, Javier Fdez. Gualda han intentado achacar toda la responsabilidad a los técnicos municipales y haciendo un grave ejercicio de dejadez de las funciones de la alcaldía establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local que le atribuye al alcalde dirigir el gobierno, la administración municipal, inspeccionar e impulsar todos los servicios y desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Corporación.

El alcalde ha llegado a manifestar que “a lo mejor me tengo que ir por culpa de los técnicos” intentando descargar de nuevo la culpa en empleados municipales, pero la realidad que tanto él como el partido socialista se han aprovechado políticamente de la falta de control en el ayuntamiento, instaurando un sistema caciquil que los ha beneficiado políticamente.

Desde Izquierda Unida manifestamos que es cierto que se tiene que ir, por responsabilidad política y no por culpa de unos técnicos, pues desde hace años tiene constancia por parte de Izquierda Unida de la falta absoluta de procedimientos de control contable, económico y de contratación y que Izquierda Unida lleva denunciando desde hace años en los plenos municipales.

La proposición ha sido aprobada por unanimidad y aunque el portavoz del grupo socialista ha acusado que la moción intenta llevarse por delante a su grupo, que se le debe dar más tiempo para intentar reorientar el descontrol administrativo, que la fiscalización externa cargaría de más trabajo a los empleados y empleadas municipales y que su partido no está por la judicialización de la vida municipal (cuando su partido ha sentado a más de 60 vecinos y vecinas en el banquillo) ha realizado un acto de incoherencia con todas sus palabras y votado a favor de la moción más por miedo de perder una votación que por verdadera convicción política.