Gerena tendrá que hacer frente al pago de más de 160.000€ en facturas, (más de 400) sin contabilizar y, por consiguiente, sin pagar del año 2015 y parte del año 2016 que se encontraban guardadas y han salido a la luz tras la entrada de la nueva secretaria e interventora municipal la inhabilitación del anterior secretario interventor del ayuntamiento.

En total 161.065,87 € que se le deben a proveedores y suministradores, principalmente pequeños negocios del propio pueblo de Gerena en facturas emitidas del año 2015 y parte del año 2016. Facturas como los 8.085,35€ en gastos en suministros de material de oficina que se le debe a una papelería de Gerena, 8.853,74 € en gastos en una sola ferretería, 23.245,26 € en la instalación del alumbrado de la feria del año pasado o 30.936,59€ en facturas por diferentes trabajos de movimientos de tierras a una empresa de Gerena.

Facturas de esta legislatura generadas por el actual regidor, el socialista Javier Fernández Gualda, quién siempre ha culpado de la desastrosa situación económica, contable y administrativa a sus predecesores en el gobierno local y compañeros de partido Jacinto Pereira y Margarita Gutiérrez.

Para hacer frente al pago de los 161.065,87 € guardados en los cajones el pleno ha debido de aprobar, con la abstención de Izquierda Unida, una modificación de crédito presupuestaria por no disponer de crédito adecuado para su pago. Un dinero que deberá de salir de partidas presupuestarias como los 21.000 € que se tienen que descontar de la partida destinada al Plan de Urgencia Social Municipal (+45) o recortar 23.575 € del mantenimiento de los edificios públicos.

Aunque el portavoz del PSOE-A ha calificado esta operación como “puro trámite y normal en cualquier ayuntamiento” desde Izquierda Unida se ha denunciando que lo aprobado es un segundo plan de pago a proveedores, tras el aprobado en abril de 2012 por un importe de más de 3 millones de euros y que podrá conllevar un grave incumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria.

Además Izquierda Unida ha denunciado que se debe hacer aún frente a decenas de facturas del último trimestre del 2016 y a reclamaciones judiciales por ciento de miles de euros que pueden acarrear la necesidad de un nuevo plan de ajuste financiero.