IU en la provincia de Sevilla presentará mociones plenarias en los ayuntamientos respaldando la PNL

En Sevilla residen 327.893 pensionistas que cobran una pensión media de 929,76, siendo de 1.068 e en hombres y 786€ las mujeres, siendo uno de los colectivos más castigados, debido a la pérdida de poder adquisitivo por la escasa subida, y que en muchos casos además se han visto obligados a ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han perdido el empleo o que tienen salarios tan escasos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores.

En la PNL que se plantea por parte de IU a la Cámara Andaluza y en las Mociones que se llevarán a los Plenos de los distintos municipios, se destaca que “Las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y en 2013 incorporaron elementos muy regresivos que nos alejan de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.”

Por ello es imprescindible y urgente abordar una reforma integral del sistema público de pensiones, con el objetivo de garantizar este derecho y hacerlo de manera suficiente, actualizada y conforme a los principios constitucionales que lo consagran.

Para IU, la viabilidad del sistema no está en peligro porque se gasta más, algo que los datos desmienten de manera categórica, sino porque se ingresa menos debido al deterioro de la calidad del empleo, y ello debe conducir a adoptar medidas que mejoren tanto las condiciones laborales como a incorporar los PGE como nueva fuente de financiación del sistema junto a las cotizaciones.

Por ello y según destacaba la Responsable Institucional de IU Sevilla, María Izquierdo: “Se trata de un problema que no es sólo de las personas que ya son pensionistas, es algo que afecta a toda la ciudadanía, y es necesaria una reforma profunda, tanto en el mercado de trabajo como en el sistema de pensiones y su financiación, para que el derecho ganado con el trabajo de todos y todas no nos sea robado.”

“Reclamamos un modelo público y sostenible de pensiones, se pretende desmantelar el sistema público, obligar a la ciudadanía a crearse planes de pensiones privados, seguir dando dinero y negocio a los bancos, mientras se siguen robando los derechos de los trabajadores”. Finalizaba María Izquierdo.

En las mociones se presentarán varios puntos entre los que destacar:
• Introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los PGE cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.

• Suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social.

• Potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo
• Eliminar el factor de sostenibilidad, contrario al principio de suficiencia.
• Restituir la edad de jubilación en los 65 años y que, a partir de los 61 años, las personas con 35 años cotizados puedan jubilarse sin penalización.
• Introducir las modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral, sin que los mismos deban ser consecutivos.