La propuesta de constituir una mesa de convivencia ciudadana por parte del grupo Adelante en el pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha sido rechazada con los votos en contra de Vox, PP, Cs y PSOE.

La constitución de este espacio de participación de la ciudadanía pretendía ser una propuesta para solucionar, mediante el dialogo pacífico, situaciones de conflictividad vecinal. Lejos de tratar de enriquecer la iniciativa, hacer propuestas de modificación o entrar a debatir sobre los problemas que subyacen tras la iniciativa, el voto en contra ha sido argumentado por el resto de grupos en un supuesto interés de Adelante por sustituir el pleno por la democracia asamblearia y la participación directa de los vecinos y vecinas, a lo que Emilio Bautista (Adelante) ha contestado tajantemente que no se trata de sustituir un modelo por otro, sino de complementar la democracia representativa con mecanismos de participación directa, cuestión que lleva tiempo siendo una demanda vecinal.

En palabras de Sergio Toro, el concejal de Convivencia, Participación y Festejos del gobierno (PSOE), la legítima representatividad que tienen los concejales del pleno es la mejor manera de participar, ya que lo que sale de las urnas fue una decisión ciudadana. Ha tildado la propuesta de “intento de gobernación encubierta con herramientas inventadas” a la vez que ha defendido que existe mucha participación del gobierno con entidades y personas del pueblo y que esta es fluida y soluciona problemas porque “existen los teléfonos, los correos electrónicos y la calle”.

Para Adelante, esta visión de la participación ciudadana está anquilosada y roza el comportamiento caciquil, ya que es el propio concejal de Convivencia y Participación quien antepone como modelo a seguir para solucionar conflictos vecinales las llamadas de teléfono y los contactos informales, rechazando una herramienta institucional reglada, con reuniones públicas, levantamiento de actas y acceso igualitario de cualquier vecino o vecina, asociación o entidad que desee exponer un problema de convivencia en su barrio y ser tratado por la administración con las máximas garantías y con asistencia de profesionales del ámbito social que basen sus intervenciones en análisis técnicos y no políticos de estas problemáticas.