Las asambleas locales de la Comarca La Vega de Izquierda Unida Sevilla han iniciado una campaña de movilizaciones para reivindicar al gobierno de la Junta de Andalucía la recuperación de la presencialidad en la Atención Primaria, la dotación de recursos humanos y materiales suficientes a los centros de salud y el fin de los recortes en la sanidad pública andaluza.

La primera de las movilizaciones ha tenido lugar este lunes, 27 de septiembre, con una concentración en La Puebla de los Infantes, así como un encierro en el centro de salud de Peñaflor, que han contado con la presencia del coordinador provincial de IU Sevilla, Manuel Lay, así como de los parlamentarios Ismael Sánchez y Miguel Ángel Bustamante, el alcalde de Peñaflor, José Ruiz, y militantes y simpatizantes de IU en los municipios de La Vega.

Hasta el 13 de octubre, las marchas programadas transcurren entre los centros de salud de la comarca: Peñaflor, El Priorato, Lora del Río, Alcolea del Río, Tocina, Cantillana, Villaverde del Río, Brenes, San Jose de la Rinconada, La Rinconada, Alcalá del Río y La Algaba. El 13 de octubre, como final de la campaña, se realizará una concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía.

El calendario es el siguiente:

• Martes 28 de septiembre, salida a las 8 de la mañana del Centro de Salud de Peñaflor hasta el Centro de Salud del Priorato.
• Miércoles 29 de septiembre, salida a las 8 de la mañana desde el Priorato hasta el centro de salud de Lora del Río.
• Jueves 30 de septiembre, salida a las 8 de la mañana desde Lora del Río hasta el centro de salud de Alcolea del Río.
• Viernes 1 de octubre, salida a las 8 de la mañana desde Alcolea del Río hasta el centro de salud de Tocina.
• Lunes 4 de octubre, salida a las 8 de la mañana desde Tocina hasta el centro de salud de Cantillana.
• Martes 5 de octubre, salida a las 8 de la mañana desde Cantillana hasta el centro de salud de Villaverde del Río.
• Miércoles 6 de octubre, salida a las 8 de la mañana desde Villaverde del Río hasta el centro de salud de Brenes.
• Jueves 7 de octubre, salida a las 8 de la mañana desde Brenes hasta el centro de salud de San Jose de la Rinconada.
• Viernes 8 de octubre, salida a las 8 de la mañana desde San José de la Rinconada, pasando por La Rinconada y terminando en el centro de salud de Alcalá del Río.
• Miércoles 13 de octubre, salida a las 8 de la mañana desde Alcalá del Río hasta el centro de salud de La Algaba.
• Jueves 14 de octubre, salida a las 6 de la tarde desde la Algaba hasta el Parlamento de Andalucía.

Después de una década de reducciones presupuestarias de la Junta (a una media de mil millones de euros anuales desde 2010 a 2020), el deterioro del Servicio Andaluz de Salud ha llegado a una situación límite: cierres de unidades, de centros y de camas hospitalarias (somos la última comunidad del país, y en la provincia de Sevilla estamos aún peor: 1,7 camas por cada mil habitantes), disminución de las contrataciones (especialmente en vacaciones), falta de sustitución de bajas prolongadas por enfermedad, jubilación o fallecimiento, personal saturado que debe prolongar sus jornadas laborales y no pueden disponer de descansos...

También ocupamos el último puesto en en gasto sanitario público por habitante (1.262 €), por debajo de Madrid (1.340 €), muy inferior a la media estatal (1.486 €) y a años luz de Euskadi (1.873 €). El aumento del presupuesto andaluz de este año para el SAS, tan publicitado por el consejero Aguirre, pone las cifras al nivel de 2009.

Ante esta situación, las listas de espera han aumentado en todas las actividades sanitarias, los centros de salud están colapsados por unas ratios de pacientes imposibles de cubrir con las mínimas garantías de calidad en la asistencia​​​​​, las citas para la atención primaria se dan a quince días vista, muchos centros están cerrados por las tardes, el descanso del personal o las vacaciones no se cubren con plazas estructurales (incrementando el número de pacientes a atender por el resto de sanitarios/as) y no se acometen necesidades urgentes derivadas del desgaste de las infraestructuras o los avances de la ciencia médica. Además, la pandemia ha obligado a incrementar las funciones asistenciales, que han debido asumirse con personal sanitario eventual y precario.

Las dificultades con que se acometió la crisis del Covid-19 en Andalucía no se han corregido con el paso del tiempo y las sucesivas olas de la pandemia se abordaron y se siguen abordando con medios insuficientes, a pesar de que el Gobierno español transfirió mil millones de euros al andaluz para reforzar la atención primaria y localizar los focos más activos de contagios en la primera ola. Un año y medio después de la declaración del estado de alarma, en Andalucía todo el peso de la pandemia sigue recayendo sobre las espaldas del personal sanitario. Un sacrificio no solo laboral: si España es el país del mundo donde más profesionales sanitarios han sufrido contagio por coronavirus, Andalucía es la comunidad que se lleva la palma en nuestro país. A 10 de agosto, más de 850 profesionales de la salud pública están de baja por Covid en Andalucía, la mayoría personal de enfermería; desde el inicio de la pandemia de coronavirus se han contagiado 13.832 sanitarios/as en nuestra comunidad autónoma (2.751 en la provincia de Sevilla). ​

Este deterioro del S.A.S., iniciado por el gobierno de Susana Díaz, ha servido de acicate al actual Gobierno andaluz (PP-Cs + VOX) para poner al mando de la gestión sanitaria a profesionales del sector de la medicina privada. A pesar de la coincidencia generalizada de la sociedad sobre la necesidad de reforzar lo público, el gobierno andaluz ha seguido en su afán privatizador: aprovechando el crecimiento de las listas de espera, va impulsando la creación de nuevos hospitales, clínicas y consultas privadas. De hecho, en 2020 se transfirieron 135 millones de euros adicionales del presupuesto andaluz a la sanidad privada para reducir las listas de espera en 2020, una cantidad que se ha incrementado con creces durante el presente año. A ello hay que añadir la suspensión de la subasta de medicamentos (que suponían un ahorro de más de 200 millones de euros, ahora en manos de las multinacionales farmacéuticas) o los más de 30 millones de euros que cuesta mantener en el S.A.S. a quienes también trabajan en la privada.