La empresa, adjudicataria del concurso público del Servicio Andaluz de Tele Asistencia de la Junta de Andalucía, despidió el 25 de enero a este trabajador con discapacidad tras nueve años de antigüedad, y está pendiente de juicio por vulneración de derechos fundamentales y represión sindical. 

 

 

El coordinador provincial de Izquierda Unida Sevilla, Manuel Lay, ha acompañado hoy a Antonio Garrido, trabajador de PROAZIMUT S. L. (empresa adjudicataria del concurso público del Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Junta de Andalucía), en su intento por lograr que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales medie ante el citado Centro Especial de Empleo por un nuevo caso de vulneración de derechos fundamentales y despido por represión sindical. 

 

Antonio Garrido (Coordinador del Servicio Técnico de Tele asistencia) y discapacitado con Espina Bífida Mielomeningocele a nivel L4 y L5 (Grado de Discapacidad de 40%), recibió el pasado 25 de enero una comunicación por parte de PROAZIMUT indicándole que está DESPEDIDO tras nueve años de antigüedad en la empresa. Cabe recordar que este trabajador  entró a formar parte del comité de empresa durante los años 2010-2014 con una participación muy activa. Posteriormente se presentó de nuevo a las elecciones sindicales, cuya decisión le provocó sufrir una campaña de difamaciones, calumnias y política del terror por parte de la empresa, de tal magnitud que parte de los compañeros/as que formaban parte de la candidatura, aterrados, acabaron no presentándose a dichas elecciones. No obstante, siguió su actividad sindical hasta el último día.

 

La empresa (que depende, a su vez, de la Fundación Andaluza para la integración Social del Enfermo Mental-FAISEM) realiza diferentes servicios, entre los que se encuentra el servicio técnico de Tele asistencia de la Junta de Andalucía, adjudicado desde hace varios años por medio de concurso público. PROAZIMUT S.L., como centro especial de empleo, se ha beneficiado durante estos años de subvenciones públicas y reducciones de impuestos, lo cual no es óbice para hacer dejación de la labor social que deben desempeñar estos centros, como así lo recoge el RD legislativo 1/2013 en su Art. 43, donde se indica expresamente que “Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que determine reglamentariamente”.

 

En base a ello, Antonio Garrido, acompañado de compañeras y compañeros, miembros del sindicato Co.Bas y del coordinador provincial de IU Sevilla, ha entregado en el Registro de la Consejería un escrito solicitando la intervención de la Consejera, Mª José Sánchez Rubio, para que medie entre el trabajador y la empresa, con el objetivo de facilitar su readmisión en el puesto de trabajo. Tras varias horas de espera, fue atendido por un miembro del gabinete de la Consejera, quien ha adquirido el compromiso de buscar una mediación lo antes posible, teniendo en cuenta que el próximo 9 de junio se celebrará la vista del juicio interpuesto por vulneración de derechos y represión sindical.