Una vez conformadas las candidaturas de Unidos Podemos, Izquierda Unida estará representada en los puestos número 3 (Miguel Ángel Bustamante, compañero de Écija), número 6 (Granada Santos, compañera de El Viso del Alcor) y suplente (María Izquierdo, compañera de Mairena del Aljarafe) al Congreso. Para el Senado, contaremos con Antonio Torres, compañero de Utrera, como suplente.

 

 

Nuestra candidatura ha sido confeccionada teniendo en cuenta dos criterios fundamentales: el primero, la negociación a nivel estatal entre Izquierda Unida y Podemos, que ha dado como resultado otorgar a la provincia de Sevilla el puesto número 3, considerado “de salida” (en base a la suma de los votos obtenidos en diciembre); el segundo, según acuerdo de la Comisión Ejecutiva Andaluza de IULV-CA celebrada el pasado 9 de mayo, donde se aprobó mantener como candidatos/as en la conformación de las listas para el 26J a aquellos compañeros y compañeras que, salvo renuncia expresa, ya lo fueron el pasado 20 de diciembre.

 

Los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre otorgaron dos diputados a Podemos en la provincia de Sevilla, mientras que nuestra candidatura IU-Unidad Popular estuvo a menos de 8.000 votos de conseguir representación. Con la actual  candidatura, que encabezarán Sergio Pascual al Congreso y Teresa García Azcárate al Senado, ambos de Podemos, tenemos prácticamente garantizada la presencia de Izquierda Unida Sevilla en el futuro Parlamento.

 

Los resultados de la consulta a las bases de Sevilla sobre el preacuerdo firmado con Podemos para concurrir juntos a las próximas elecciones generales son contundentes: sobre un total de 2.066 votos emitidos y válidos, un 90,66% han dicho Sí al acuerdo (1.873 votos), mientras que el No ha obtenido 147 votos (un 7,12%) y la abstención ha sido del 2,23% (46 votos).

 

 

Este resultado supera la media estatal en cuanto al voto afirmativo en casi tres puntos porcentuales. En números totales, la participación de la provincia de Sevilla ha supuesto un 9,22% del cómputo estatal de votantes, y un 22,92% del total de votos efectuados en Andalucía.

 

El coordinador provincial de IU Sevilla, Manuel Lay, agradece al medio centenar de asambleas que, en tiempo récord, ha permitido celebrar la consulta mediante voto presencial, así como a militantes y simpatizantes que han ejercido su derecho a decidir sobre un acuerdo que apuesta por ser la primera fuerza en Andalucía y a llevar al Congreso y al Senado la voz de la izquierda de la provincia de Sevilla. 

 

El concejal de IU Utrera, Carlos Guirao, ha acudido al juicio celebrado en Viapol (Sevilla) acompañado del coordinador provincial, Manuel Lay, así como de las responsables institucional y comarcal de nuestra formación política, María Izquierdo y Juana Caballero, además de militantes y simpatizantes de Izquierda Unida.

 

Según IU Utrera: “después de proceder a la demolición y desarticulación del “Estado del Bienestar” en nuestro país, con recortes en servicios elementales para la ciudadanía como sanidad, educación o políticas sociales, el gobierno de Mariano Rajoy se dedicó a reprimir con extremada dureza la respuesta de los afectados que se atrevieron a defender los intereses de la mayoría social de este país."

 

 

Comunicado de IU Utrera:

 

«Después de proceder a la demolición y desarticulación del “Estado del Bienestar” en nuestro país, con recortes en servicios elementales para la ciudadanía como sanidad, educación o políticas sociales, el gobierno de Mariano Rajoy se dedicó a reprimir con extremada dureza la respuesta de los afectados que se atrevieron a defender los intereses de la mayoría social de este país. En este caso ademas, la denuncia fue auspiciada por el PA, quien reconoció haber llamado a la guardia civil pidiendo a esta que disolviera inmediatamente la protesta ciudadana. Una nueva muestra mas de los compartimentos caciquiles y totalitarios de una alcalde, Francisco Jimenez y un partido, que afortunadamente, ya los ciudadanos se encargaron de mandar a casa el pasado mayo de 2015.

 

Lamentablemente hoy y como consecuencia de la política represiva sufrida por varios militantes de IU, se vuelve a escribir otro ominoso capítulo de atentado contra la libertad de manifestación en nuestro país. En este caso, es el concejal de IU en Utrera, Carlos Guirao, quien tendrá que sentarse delante de un Juez para defenderse de la denuncia interpuesta por la Delegación del Gobierno en 2013 por una concentración en las puertas del Ayuntamiento de Utrera en la que un grupo de vecinos de Utrera, le pedían al Gobierno Local, entonces compuesto por PA-PP, que no cerraran los Servicios Sociales y que pusieran en marcha políticas de empleo y ayuda social.

 

Como ya se defendió en las numerosas alegaciones y recurso presentados a la sanción, la concentración se desarrollo de manera pacifica y fue ademas disuelta, una vez los agentes de la guardia civil así lo solicitaron. Entre los numerosos vecinos allí congregados se encontraba, como no podía ser de otra forma, el concejal de Izquierda Unida en Utrera Carlos Guirao, así como otros afiliados mas de la formación política, en una muestra de solidaridad para con los vecinos que llevaron a cabo la protesta.

 

Lamentablemente no es el primer caso de un compañero que se tiene que enfrentar a la Justicia por defender las causas más justas, la de los hombres y mujeres de a pie, la de quienes reivindican unos servicios públicos universales y de calidad para los españoles. Así, mientras unos desfilan por los juzgados nacionales por diferentes causas de corrupción, por haber defraudado a Hacienda o haber hecho malversación del erario, los militantes y miembros de Izquierda Unida, al igual que otros muchos compañeros sindicalistas, se enfrentan a la Justicia por defender las luchas de la clase obrera y oponerse asimismo frontalmente a los recortes y políticas que ahogan al pueblo en la pobreza y en la ausencia de un futuro digno.

 

Atendiendo al injusto ordenamiento jurídico, el compañero de Izquierda Unida Carlos Guirao puede verse sancionado en virtud de la Ley Orgánica 1/1.992 sobre protección de la seguridad ciudadana, la cual tipifica este tipo de actos como “fracción administrativa grave”. Y es que en este país sale mucho más caro defender la voz de los sin voz que robar a manos llenas, tal y como se desprende de las intenciones que animan la Ley de Seguridad Ciudadana y la actual reforma del Código Penal, las cuales conforman a todas luces un paquete legislativo claramente anticonstitucional.»

La empresa, adjudicataria del concurso público del Servicio Andaluz de Tele Asistencia de la Junta de Andalucía, despidió el 25 de enero a este trabajador con discapacidad tras nueve años de antigüedad, y está pendiente de juicio por vulneración de derechos fundamentales y represión sindical. 

 

 

El coordinador provincial de Izquierda Unida Sevilla, Manuel Lay, ha acompañado hoy a Antonio Garrido, trabajador de PROAZIMUT S. L. (empresa adjudicataria del concurso público del Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Junta de Andalucía), en su intento por lograr que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales medie ante el citado Centro Especial de Empleo por un nuevo caso de vulneración de derechos fundamentales y despido por represión sindical. 

 

Antonio Garrido (Coordinador del Servicio Técnico de Tele asistencia) y discapacitado con Espina Bífida Mielomeningocele a nivel L4 y L5 (Grado de Discapacidad de 40%), recibió el pasado 25 de enero una comunicación por parte de PROAZIMUT indicándole que está DESPEDIDO tras nueve años de antigüedad en la empresa. Cabe recordar que este trabajador  entró a formar parte del comité de empresa durante los años 2010-2014 con una participación muy activa. Posteriormente se presentó de nuevo a las elecciones sindicales, cuya decisión le provocó sufrir una campaña de difamaciones, calumnias y política del terror por parte de la empresa, de tal magnitud que parte de los compañeros/as que formaban parte de la candidatura, aterrados, acabaron no presentándose a dichas elecciones. No obstante, siguió su actividad sindical hasta el último día.

 

La empresa (que depende, a su vez, de la Fundación Andaluza para la integración Social del Enfermo Mental-FAISEM) realiza diferentes servicios, entre los que se encuentra el servicio técnico de Tele asistencia de la Junta de Andalucía, adjudicado desde hace varios años por medio de concurso público. PROAZIMUT S.L., como centro especial de empleo, se ha beneficiado durante estos años de subvenciones públicas y reducciones de impuestos, lo cual no es óbice para hacer dejación de la labor social que deben desempeñar estos centros, como así lo recoge el RD legislativo 1/2013 en su Art. 43, donde se indica expresamente que “Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que determine reglamentariamente”.

 

En base a ello, Antonio Garrido, acompañado de compañeras y compañeros, miembros del sindicato Co.Bas y del coordinador provincial de IU Sevilla, ha entregado en el Registro de la Consejería un escrito solicitando la intervención de la Consejera, Mª José Sánchez Rubio, para que medie entre el trabajador y la empresa, con el objetivo de facilitar su readmisión en el puesto de trabajo. Tras varias horas de espera, fue atendido por un miembro del gabinete de la Consejera, quien ha adquirido el compromiso de buscar una mediación lo antes posible, teniendo en cuenta que el próximo 9 de junio se celebrará la vista del juicio interpuesto por vulneración de derechos y represión sindical.

En las últimas semanas se han tramitado escritos de queja al Defensor del Pueblo Andaluz y a la Defensora del Pueblo estatal, se ha registrado una pregunta parlamentaria de Alberto Garzón y se ha aprobado una moción en el Ayuntamiento de Sevilla, iniciativas todas ellas encaminadas a evitar que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos siga incumpliendo la Ley y readmita a los trabajadores y trabajadoras despedidos.

 

 

 

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Sevilla, Manuel Lay, denuncia la “actitud discriminatoria de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos hacia los trabajadores y trabajadoras contratados mediante la modalidad de contrato de fomento de empleo para la inserción de personas con discapacidad a tiempo completo, que son despedidos después de haber trabajado durante tres años”.

 

Según Lay, “esta práctica incumple el Art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, donde dice que ‘…los trabajadores que en un periodo de treinta meses, hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos”. 

 

Como es evidente, esta situación resulta aún más grave y preocupante en el caso de la contratación de personas con discapacidad. Concretamente, en Andalucía, se han confirmado varios casos de personas (cuyo número está sin determinar, debido a la opacidad y oscurantismo de la Entidad a la hora de facilitar información al respecto), que fueron contratadas mediante la modalidad de contrato de fomento de empleo para la inserción de personas con discapacidad a tiempo completo, con contratos anuales que fueron prorrogados hasta los tres años, ocupando puestos estructurales y que, transcurrido ese tiempo, tras un desempeño ejemplar y altamente capacitado -así reconocido en los informes de sus directores y por la propia Sociedad Estatal-, fueron despedidos y reemplazados por nuevos trabajadores con discapacidad, sin incrementar el número de ellos en la empresa, beneficiándose la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, repetidamente, de las ventajas económicas que contempla la Legislación y, sucesivamente, transformando una medida que tiene como objetivo y finalidad el fomento del empleo indefinido de un colectivo altamente desfavorecido, en una fuente de ingresos periódicos, actuando en fraude de Ley.

 

En este sentido, según el coordinador provincial, “dos trabajadores de Sevilla mayores de 50 años y con diversidad funcional, despedidos de Correos después de haber trabajado durante tres años mediante la modalidad señalada, remitieron en su día una queja a la Defensora del Pueblo (Nº Expediente: 16001687), que fue admitida por la citada Institución, que ya ha iniciado “las actuaciones oportunas ante la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S. A.” (Registro de Salida 11/03/2016 – 16018006). 

 

Sin embargo, la política de hechos consumados por parte de Correos obliga a los trabajadores con discapacidad a acudir a la Justicia del orden social y demás organismos competentes en defensa de sus derechos, careciendo de ingresos y prolongando en el tiempo una situación de total desamparo, injusta y excluyente, por el alto riesgo de exclusión social que sufre el colectivo de personas con discapacidad, además de enfrentarse a la amenaza de “quien denuncia a la empresa no vuelve a trabajar en ella”, represalia coercitiva ejercida habitualmente por Correos.

Además, el pasado 12 de abril, se presentó una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, tramitada por el diputado de IU-UP Alberto Garzón, en la que, además de instar al Ministerio de Hacienda a informar sobre el número de personas con discapacidad que han sido contratadas y cesadas mediante estas prácticas, por parte de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, en los últimos cinco años, se advertía de que “la empresa puede estar percibiendo las subvenciones por las personas con discapacidad, contratadas y cesadas y también por los nuevos contratos, de forma ilegal, sin haber hechos fijos a los anteriores ni aumentar en número de estos en la empresa, como exige la Ley”. Esta pregunta, por motivos evidentes de convocatoria de elecciones y suspensión de la actividad parlamentaria ordinaria, queda a la espera de ser respondida.

 

En este mismo sentido, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla presentó, el pasado viernes 29 de abril, una moción de apoyo del Pleno al colectivo de personas con discapacidad despedidas en Correos, moción que fue aprobada y cuyos acuerdos instaban a la citada sociedad estatal a “mantener el empleo creado para personas con diversidad funcional y reincorpore a sus puestos (…) a las personas despedidas”, y también “a cumplir la Legislación en materia de incorporación de una cuota de reserva mínima de puestos de trabajo para personas con discapacidad en su plantilla”.