Centenares de vecinas y vecinos de la Sierra Sur han acudido hoy a la concentración convocada por la Plataforma Médico 24 horas ¡Ya! a las puertas del Hospital la Merced de Osuna, en protesta por el cierre de los servicios de pediatría que sufre la comarca, sobre todo en estas vacaciones navideñas, donde se han cerrado la mitad de las consultas pediátricas en la zona básica de Estepa, muchas de ellas atendidas por médicos de familia.

Tal y como ha informado a los medios la portavoz de esta plataforma, Mari Carmen Romero, “Badolatosa comparte pediatra con Marinaleda, que pasa en el primer municipio consulta tres horas al día, de 8.00 a 11.00 horas, pero ahora en vacaciones no hay consulta todos los días, el horario se ha reducido a la mitad”, provocando situaciones en las que madres y padres “dudan de llevar a los niños al médico de familia porque son consultas generales, no específicas para los pequeños”.

La protesta ha contado con el respaldo de alcaldías y grupos municipales de IU en la Sierra Sur, con la presencia de la alcaldesa de El Saucejo, Antonia Capitán -en cuyo municipio se han quedado sin pediatra 600 niños y niñas durante estas vacaciones-, los alcaldes Fidel Romero (La Roda de Andalucía), Antonio Nogales (Pedrera), Emilio Gómez (Gilena), así como representantes de IU en Osuna, Martín de la Jara y Marinaleda.

Además de nuestro diputado en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, la dirección provincial de IU Sevilla ha estado representada por el Responsable de Acción Política, José Antonio Mesa.

A este respecto, desde IU Sevilla recordamos que el gobierno andaluz de Susana Díaz, con el apoyo explícito de Ciudadanos, rechazó recientemente una enmienda a los Presupuestos de la Junta 2018, presentada por nuestro Grupo Parlamentario, en la que se dotaba a la Consejería de Salud con 3 millones de euros para refuerzos de las urgencias y los equipamientos a la Sierra Sur.

IU Andalucía ha lanzado hoy su campaña Derechos para el campo andaluz, que recorrerá las ocho provincias andaluzas para exigir un plan de empleo digno para los jornaleros y jornaleras y la eliminación del mínimo de peonadas para la consecución del subsidio, con el propósito de eliminar el clientelismo en que deriva esta medida.

La presentación de la campaña se ha realizado en Brenes y, además de Antonio Maíllo, han asistido el diputado de Unidos Podemos por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, las compañeras Gertru Vargas (Responsable de Acción Política) y Pilar Praena (Responsable Municipal), así como el coordinador provincial de IU Sevilla, Manolo Lay y nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Brenes, Luis Escamilla.

A partir de hoy, IU Sevilla trasladará esta campaña a todos los rincones de la provincia, donde el peso económico de la agricultura es fundamental para la supervivencia de buena parte de nuestros pueblos y donde, además de la discriminación que supone la falta de plan de empleo digno y el clientelismo al que ha derivado el sistema de peonadas, hay que añadir la actitud sectaria de la patronal sevillana Asaja, que sigue sin firmar un nuevo convenio que mejore las pésimas condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo.

Ver la noticia en la web de IU Andalucía aquí.

Ratificado Manolo Lay como Coordinador de IU Sevilla y elegida la Comisión Colegiada.

El órgano de dirección de IU Sevilla ha mantenido una reunión en la que se han tomados decisiones de gran importancia para el presente y futuro de la organización./

Manolo Lay ha presentado un Informe de Coyuntura (aprobado por unanimidad) en el que se ha resumido la situación social y política que vivimos, fundamentalmente en lrovincia de Sevilla, donde “frente al desempleo, al empleo precario, semiesclavo, sin derechos; frente a los recortes en educación, atención social, pensiones, sanidad; frente a la violencia machista, la brecha salarial entre mujeres y hombres, la feminización de la pobreza; frente al incremento de las desigualdades sociales, el aumento de la represión laboral y social, la penalización de la protesta, la pérdida de derechos civiles y el retroceso de las libertades colectivas e individuales... la conformación de un Bloque Social y Político que dé fin al Régimen del 78 no sólo es necesario: es imprescindible”.

Ante esa situación, según Lay, IU Sevilla tiene que ofrecer “en el ámbito político, discurso de clase, republicanismo, feminismo y ecologismo como motores de construcción de alternativa y de atracción de sectores sociales; y en el ámbito organizativo, evaluación y rendición de cuentas, transparencia, feminización de la práctica organizativa, revocatorios e implicación de cada militante y cada simpatizante de Izquierda Unida”.

Tras la constitución formal de la Coordinadora Provincial, que a partir de ahora será “el máximo órgano de coordinación entre Asambleas”, se ha aprobado por prácticamente la unanimidad de asistentes (sólo 1 abstención), la composición de la Comisión Colegiada, como “órgano de gestión cotidiana y puesta en práctica de las decisiones que adoptemos en la Coordinadora, así como de preparación y elaboración de propuestas de trabajo y de debate político”. Asímismo, se ha ratificado el nombramiento de Manolo Lay como coordinador provincial, con un apoyo del 97,77%.

Además de Manolo Lay como coordinador provincial, la nueva Comisión Colegiada de IU Sevilla está compuesta por:

• Responsable de Organización: Granada Santos
• Finanzas: Álvaro García
• Institucional: María Izquierdo
• Responsable de Comunicación: José María Calado
• Municipal: Juana Caballero
• Comarcal: Marcelo Domínguez
• Responsable de Acción Política: José Antonio Mesa
• Afiliación y Censos: Juan Holgado
• Formación: Concha Majarón
• Áreas y Redes de Activistas: Antonio R. Torrijos
• Elaboración Política: Juan de Dios Villanueva
• Proceso Constituyente y Feminismo: Eva Oliva
• Memoria Democrática: Manuel Velasco

Esta nueva composición de la Dirección Provincial ha supuesto, para Manolo Lay, la apertura de “una nueva etapa” donde cabe “agradecer el esfuerzo colectivo de todas las partes que conformamos el interno de Izquierda Unida en la provincia de Sevilla”. En este sentido, Lay ha valorado que “de ese esfuerzo colectivo no sólo hay que felicitarse, sino que hay que felicitar a los compañeros y compañeras que lo habéis hecho posible, en el PCA, en IU por la Base, en Izquierda Abierta y también a esa mayoría cuya referencia es, sencillamente pero nada más y nada menos, Izquierda Unida”.

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PSOE y C’s rechazan en el Parlamento andaluz lo que aprueban en los ayuntamientos de la provincia de Sevilla.

IU Sevilla lamenta que PSOE y C’s hayan bloqueado las enmiendas presentadas por nuestro Grupo parlamentario andaluz a los presupuestos del próximo año, algo que deja en evidencia que Susana Díaz tiene con la formación naranja “un pacto de gobierno con todas las letras, que anula cualquier iniciativa política orientada a garantizar la sanidad, los servicios sociales y la educación desde el ámbito público”.
En este sentido, IU Sevilla recuerda la presentación, el pasado 9 de noviembre, a través de su grupo parlamentario andaluz, de una batería de iniciativas que recogían necesidades básicas para buena parte de pueblos y ciudades de la provincia, por un montante total de 17,8 millones de euros.

La inmensa mayoría de estas enmiendas surgieron de iniciativas de IU aprobadas en los municipios afectados, en muchos casos con el apoyo de los grupos municipales PSOE y C’s; en ocasiones, incluso, fueron presentadas por estos partidos en los plenos correspondientes.

Para IU Sevilla, el rechazo de estas enmiendas en el Parlamento andaluz, tras el debate de los Presupuestos del 2018 celebrado el 30 de noviembre, reflejan se contradice con lo que PSOE y C’s apoyan en los plenos municipales y proponen a los vecinas y vecinos de sus pueblos.

Sólo así se explica la negativa a una enmienda a la sección de Salud para la reanudación de las obras que permitan la apertura del Antiguo Hospital Militar de Sevilla, reivindicación de Marea Blanca que PSOE y C’s han apoyado en más de una veintena de municipios de toda la provincia. 129 millones de euros para una renta básica universal en la provincia de Sevilla.

También en el plano sanitario, ambos grupos parlamentarios rechazaron las enmiendas de IU que recogían tres millones de euros para mejoras en el Centro de Salud y proyecto de Construcción de Especialidades de Lora del Río; otros tres millones de euros para el refuerzo de urgencias y mejoras en equipamientos sanitarios en la comarca de la Sierra Sur; y 300 mil euros para el proyecto de construcción del Centro de Salud de Espartinas.

Las enmiendas de IU al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para la provincia de Sevilla, también incorporaban partidas de 4,5 millones destinados a los grupos de desarrollo rural de Sierra Estepa y Sierra Sur; 700 mil euros para instalaciones deportivas en Osuna; partidas para el convenio de intervención en la Hacienda Ibarburu de Dos Hermanas (que incluso fue propuesta por Ciudadanos en un pleno municipal recientemente) y otros 200 mil euros para el proyecto de recuperación del Teatro Álvarez Quintero de Osuna.

Además, se han rechazado propuestas que redundarían en beneficio del tejido productivo y la movilidad de buena parte del Aljarafe o la Sierra Sur, como la enmienda que aumentaba en 4 millones de euros la cantidad asignada a mantenimiento y mejoras de la calidad y seguridad vial en las carreteras sevillanas.

Y por último, en Política Social, PSOE y C’s han dado carpetazo a la adecuación y mejora de la Residencia de Montequinto, un espacio para personas que tienen alto grado de dependencia.

Como propuso en su día el grupo parlamentario de IU, todas estas enmiendas eran asumibles si tanto el Impuesto de Sucesiones y Donaciones como el tramo autonómico del IRPF, se hubieran mantenido tal y como estaba, “sin más rebajas fiscales”, lo que habría permitido disponer de 77,4 millones de euros más de ingresos propios en la provincia de Sevilla.

Además, IU había defendido que los 558 millones de euros que la Junta reconoce que no se gastará del presupuesto del 2017, pasasen a formar parte de una Ley de Renta Básica Universal, tal y como mandata el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Así, de esa cantidad al menos 129 millones de euros habrían correspondido a la provincia de Sevilla para paliar las necesidades de la población en mayor riesgo de exclusión social, algo que, tras el rechazo de todas nuestras enmiendas, no podrá ponerse en marcha.

El Círculo de Podemos y la Asamblea Local de IU en Albaida del Aljarafe celebran actos conmemorativos del 40º aniversario del asesinato de Manuel José García Caparrós.

No podemos conmemorar el cuarenta aniversario del 4 de diciembre de 1977 sin recordar a Manuel José García Caparrós, que con 17 años murió en Málaga por disparo efectuado por la Policía Armada durante la manifestación que reivindicaba la autonomía para Andalucía.

La muerte de García Caparrós fue el germen de la lucha por la autonomía andaluza en el marco de la transición española; por ello, muchos andaluces y andaluzas reivindican el 4 de diciembre como el verdadero día de Andalucía y el 28 de febrero como el día impuesto por las instituciones para la celebración.

Manuel José García Caparrós fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Málaga (2004), Hijo Predilecto de la provincia de Málaga (2009) e Hijo predilecto de Andalucía (2013).

Para celebrar este 40º Aniversario, Podemos e IU Albaida del Aljarafe celebran dos actos los días 29 y 30 de noviembre en el SUM Manuel Cabalgante (Calle Libertad, 4). En concreto, el programa de ambos actos es el siguiente:

Día 29 de noviembre, 19,00 horas

Mesa redonda sobre evolución social y económica en Andalucía en estos 40 años. Modera: Clemente Franco Macías. Intervienen:

• José Chamizo de la Rubia, sacerdote español, Defensor del Pueblo Andaluz desde 1996 hasta mayo de 2013.
• Pilar Távora Sánchez, Psicóloga, productora y directora de cine y televisión. Luchadora por la igualdad entra hombres y mujeres, activista por la causa andalucista.
• Óscar Reina Gómez, Portavoz Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
• Jose Antonio Sández, técnico agrícola. Ha trabajado en diferentes ámbitos relacionados con el desarrollo rural, como en la cooperativa El Humoso o, más recientemente, en COAG, organización creada en 1977 a iniciativa de las uniones de agricultores y ganaderos de las ocho provincias andaluzas.

Día 30 de noviembre, 19,00 horas

Mesa redonda sobre evolución política en Andalucía en estos 40 años. Modera: Jose Maria Calado Hernández periodista, Canal Sur. Intervienen:

• Manolo Lay, Coordinador provincial de IU Sevilla.
• Alejandro Serrato, Secretario de Medio Rural de Podemos Andalucía.
• Representantes de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español.

El Grupo de IU en Diputación de Sevilla presenta en el pleno del próximo jueves, 30 de noviembre, una moción solicitando al Gobierno central que modifique la actual regulación de la regla de gasto, con la idea de que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit fiscal en la mejora y afianzamiento de los servicios públicos y no en el pago de la deuda pública. Además, en este sentido, la moción solicita un apoyo expreso al Ayuntamiento de Madrid.

En concreto, los Acuerdos que se proponen en la moción son los siguientes:

• Primero: Instar al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del artículo 135 de la Constitución Española que modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control de la morosidad, reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública, asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas.
• Segundo: La Corporación Provincial de Sevilla muestra su solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid e insta al Gobierno Central a la retirada inmediata de los controles financieros impuestos al mismo por considerarlos un ataque injustificado a la Autonomía Local reconocida por la Constitución.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, dando "prioridad absoluta" al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En concreto, la prohibición, en el artículo 11 de la citada Ley, de incurrir en "déficit estructural", y la enunciación, en el artículo 12, de la denominada "regla de gasto" están restringiendo de manera injustificada la actuación las Corporaciones Locales (CCLL), en un contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.

La regulación de la "regla de gastos" en nuestro país, a diferencia de otros países europeos, impone una regla injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, que, en particular, las CCLL se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de sanciones y un mayor control por parte de la Administración Central.

Más aún, tal y como es aplicada, la regla de gasto supone una agravio comparativo para las CCLL respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que sufren en comparación con la Administración Central. En efecto, el mal diseño de la regla provoca que, en la práctica, se aplique de manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio más severo en términos de consolidación fiscal que el que se deriva de aplicar el objetivo de estabilidad.

De este modo, no es de extrañar que haya sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit público. La profunda inequidad en el reparto del esfuerzo de consolidación ha producido una sustancial brecha en el saldo presupuestario que mantienen las CCLL españolas en comparación con las del promedio de la Unión Europea. Como consecuencia la aplicación de la regla de gastos ha supuesto un importante obstáculo para asegurar una recuperación del gasto público que haga posible que las CCLL españolas se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia presente en el resto de Europa.

No sólo eso, sino que el hecho de que la LOEPSF incluya sanciones económicas y mecanismos de intervención por parte del Gobierno en las administraciones que no cumplan con el nivel de gasto que se deriva de la regla socava también el principio de autonomía local. De hecho, supone una injerencia especialmente difícil de justificar en un contexto en el que en el que la mayoría de las CCLL presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería.

Carta de Antonio Maíllo a militantes y simpatizantes de Izquierda Unida.

Querida compañera, querido compañero:

El 4 de diciembre de 1977 el pueblo andaluz se movilizó por sus derechos, reclamando autonomía y rechazando la regionalización del sur y la confederación del norte, una tentativa para las élites que escribieron el guion de la Transición. Desde Andalucía truncamos esos planes centralistas y desiguales, pero costó sangre, sudor y lágrimas: una bala de la policía franquista asesinó al joven malagueño Manuel José García Caparrós.

El próximo 4 de Diciembre conmemoramos el 40 aniversario de aque lla histórica jornada. Y lo hacemos para “encender en el pasado la chispa de la esperanza presente”. En el actual debate sobre el modelo territorial Andalucía no puede ser una mera comparsa de Rajoy y de las élites que apuestan por una España más centralista y más autoritaria.

Desde Andalucía debemos valorar el ejemplo de la movilización popular y unitaria, no desde la melancolía sino desde el impulso político. Para ello organizamos dos jornadas con voluntad y carácter unitario que deben significar el inicio de una ofensiva política que ponga a Andalucía en el lugar que le corresponde en el actual debate territorial, enarbolando la bandera de los derechos sociales.

Los andaluces y las andaluzas no podemos ser meros espectadores en el actual debate sobre el modelo territorial. El bloque monárquico está intentando imponer su particular modelo de Estado en el cual tanto l as comunidades como los ayuntamientos tienen un papel accesorio y sometido al poder central. Se trata de un modelo recentralizado sobre el que pesa la amenaza permanente de los artículos 135 y 155. Una vez liquidados los derechos sociales, la Constitución –o lo que queda de ella- sólo cumple un papel restrictivo.

Las fuerzas democráticas debemos poner encima de la mesa nuestro proyecto sin complejos. Frente a un cambio dirigido desde arriba que hurta a la ciudadanía su soberanía para decidir su propio destino, apostamos por un Proceso Constituyente que empodere a la ciudadanía y a los sectores populares. Como demostramos en Andalucía, restringir un debate de inmenso calado político a un marco jurídico más que de un error se trata de una trampa interesada.

Volvemos a luchar contra cualquier tentativa de confederalización del norte y regionalización del sur. Volvemos a reclamar una Andalucí a federal en pie de igualdad. Por ello te pido que nos acompañes en los dos actos en que se dan condiciones unitarias, los próximos días 2 en Sevilla y 4 de diciembre en Málaga, donde, como siempre hemos hecho, reivindiquemos en la ofrenda floral a García Caparrós el hilo de resistencia y reivindicación de poder andaluz, frente a quienes lo han ido ocultando a lo largo de estos años e intentan de modo oportunista reescribir la historia. No son tiempos fáciles para la izquierda, pero ¿cuándo lo han sido? Sin embargo, es en estos momentos cuando se revela lo mejor de nosotros para la conquista de nuevos derechos y la recuperación de otros. Te escribo con la certeza de que estarás, estaremos, a la altura del momento histórico. Las luchas de nuestros mayores valieron la pena porque en ellas encendemos la mecha de la esperanza presente. “Porque fueron somos, porque somos serán”. Viva Andalucía libre.

En la visita oficial de la Agregada de Agricultura de la embajada americana, nuestro portavoz Miguel Ángel Rosa ha entregado un bote de aceitunas de mesa REIVINDICANDO y PROTESTANDO por los Aranceles impuestos por el Gobierno Americano a la aceituna de mesa española. Estos aranceles afectan directamente a la provincia de Sevilla y a Lora del Río, ya que el principal exportador de aceituna de mesa del mundo es la provincia de Sevilla, y con estas tasas impuestas desde América el impacto negativo en el sector pueden suponer pérdidas de 350 a 700 millones de euros, lo que también haría perder muchos jornales en la recogida del VERDEO. Así que si para Trump lo primero es EE. UU, para IU lo primero es defender nuestros productos y nuestra agricultura.

La violencia machista no se erradica sólo con medidas orientadas al ámbito doméstico, sino haciendo frente a las estructuras patriarcales arraigadas en la sociedad.

Con el lema “Frente a la violencia patriarcal: Igualdad radical”, IU Sevilla participará el próximo sábado, 25 de noviembre, en la manifestación contra la violencia hacia las mujeres que se celebrará en Sevilla y que partirá de Plaza Nueva a las 12,30 h.

Desde IU Sevilla, en coincidencia con el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres, ha venido demandando, desde siempre, que la violencia de género no sólo sea una prioridad política a nivel de Estado, sino que además ésta se encare desde todas sus formas de manifestación. Cuando decimos que la violencia de género es una lacra que atraviesa la sociedad en todas sus estructuras, estamos expresando que la violencia machista no se erradica únicamente a través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja/expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la Sociedad.

Y para ello es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que engloben la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista.

La violencia machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres, es la expresión violenta más detectable; y frente a ello tenemos que manifestar, con nitidez, que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, haciendo hincapié en que si no se encara la violencia patriarcal en todas sus vertientes, los asesinatos seguirán produciéndose. Tenemos que concienciarnos de que si esto ocurre es porque la violencia patriarcal recorre toda la sociedad y debemos ponerle freno, de inmediato, a todas y cada las formas en las que se expresa esa violencia.

No podemos consentir que en el siglo XXI existan esclavas traficadas para consumo sexual de los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas, por precio, dando con ello legitimación a la consideración de la mujer como un ser inferior susceptible de ser usado y comprado.

La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor, es la fórmula que el Estado tiene de manifestar que para él seguimos siendo ciudadanas de segunda clase y la manera de contrarrestar nuestra salida al espacio laboral, condicionando nuestra autonomía económica para mantenernos subordinadas.

Las agresiones sexuales, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes en nuestras fiestas y otros acontecimientos masivos.

La notoria expansión que está adquiriendo la demanda de alquiler de los vientres de mujeres -no lo olvidemos: mujeres pobres-, no sólo tiene un significado ostentoso de diferencia de clase y xenófobo, sino también de que el patriarcado, cada vez con menos escrúpulos, pretende mercadear legalmente con nuestros cuerpos, valiéndose de la necesidad y amparándose en la desigualdad.

El Pacto de Estado contra la violencia, por desgracia, ha defraudado las expectativas que gran número de colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su elaboración. Ha sido sólo una puesta en escena, con medidas que, en demasiadas ocasiones, son recopilación de las que ya están recogidas en normativas previas y vigentes. No existen compromisos temporales, ni presupuestos desglosados que permita conocer su destino, ni garantías de implementación y, por supuesto, deja fuera otra vez la totalidad de las formas de violencias que son realizadas por agresores que no tienen o han tenido una relación de pareja con la mujer.

Si no damos el paso hacia una Ley marco contra la violencia Machista, contra la violencia Patriarcal, seguiremos limitando la violencia de género a delitos cometidos en el ámbito doméstico y, de forma residual, delitos sexuales cometidos en el ámbito público y delitos transnacionales ligados a las mafias que tienen por objeto la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pero eso ya son delitos.

La violencia de género se muestra en todas las estructuras sociales, por eso el Gobierno/ los Gobiernos no pueden seguir arrinconando la violencia al ámbito de lo privado y de las relaciones, porque la violencia machista es una violencia social que se expresa de forma individual y colectiva; y, por tanto, no se pueden dar respuestas únicamente desde el ámbito penal, sino fundamentalmente en el de la prevención y la educación.

Por todo ello es necesaria una Ley contra la Violencia Machista/Violencia Patriarcal que de forma integral incorpore todo tipo de violencia contra las mujeres, ya se realice de forma física, psicológica, económica, sexual… y cualquiera que sea su ámbito de manifestación: familiar, pareja/relación, laboral, social, institucional… en la que deben incluirse específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad.

El ámbito municipal/provincial, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para implantar medidas que, sin rebasar los ámbitos competenciales, pueden incidir de manera decisiva en la vida las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género.

En base a estas demandas, Izquierda Unida presenta este año mociones en plenos municipales y diputaciones de todo el Estado solicitando los siguientes compromisos:

• A realizar una Declaración de Municipio/Provincia libre de violencia de género, como primera medida del rechazo frontal hacia esa lacra social. Evidentemente dicha declaración no puede quedarse en una declaración formal, debe tener una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas adecuadamente presupuestadas.
• A implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento/Diputación.
• A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad libre de violencia de género, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad.
• A implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia de género, en coordinación con otras administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y de mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de las medidas contempladas presupuestariamente y que sea evaluable anualmente.
• A desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tenga relación con la explotación sexual, con especial atención a las ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades encaminadas a dicha explotación.
• A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante hacia las mujeres, bien desde soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o información turística,…), bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien.
• A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.

La eurodiputada Paloma López exige el fin de las peonadas para acabar con fraudes como el que han cometido las empresas Baena Franco y Agrícolas Espino contra sus trabajadoras.

Estrasburgo, 14 de noviembre de 2017..

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López trasladó anoche al pleno del Parlamento Europeo la grave situación a la que se han visto sometidas cientos de mujeres trabajadoras del campo de las empresas Baena Franco y Agrícolas Espino en los pueblos de la Vega de Sevilla, quienes se enfrentaron a sanciones económicas muy importantes por parte del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), después de que los dueños de ambas compañías no pagaran sus cotizaciones sociales a la Seguridad Social y llegaran a declararse insolventes para evitar hacer frente a esas deudas.

En una intervención en Estrasburgo, López señaló que “uno de los máximos exponentes de la precariedad laboral” en la Unión Europea hoy “es el sector agrario”, área en la que “asistimos a un retroceso generalizado en derechos”, al “incumplimiento sistemático de los convenios colectivos” y a la comisión de “fraudes contra la Seguridad Social -como en el caso de Baena Franco y Agrícolas Espino-, no pagando las cotizaciones sociales de las trabajadoras”.

Ambas empresas, explicó, “se sirvieron de un sistema perverso, como es el de las peonadas”, para cometer un fraude que afecta “a la Seguridad Social, a las empresas que actúan legalmente, y a las propias trabajadoras”.

Sin embargo, y pese a que el Ministerio de Empleo “reconoce que el pago de las cotizaciones es una obligación de los empresarios, sanciona a las trabajadoras”, poniéndolas “en riesgo de subsistencia cuando se produce la falta de pago de las cotizaciones”, y las convierte en “responsables mientras mira hacia otro lado cuando tiene que actuar contra empresarios carentes de escrúpulos a los que da cobertura manteniendo este sistema”.

Las multas del SEPE a las jornaleras oscilaba entre los 3.000 euros y los 14.000 euros y organizadas en los sindicatos y en la Plataforma de Afectados por el PER, vienen exigiendo una solución al fraude cometido por ambas empresas desde mediados de 2015.

López exigió “poner fin a este fraude” y, en su opinión, se conseguiría de forma sencilla: “Poniendo fin a las peonadas”. “Esto es lo que viene reclamando la Plataforma de Afectados por el PER, y cientos de mujeres de todas las edades, que quieren tener una vida digna conseguida a través de su trabajo”, sentenció.