Desde IU Sevilla mostramos nuestra más enérgica protesta a la Federación Andaluza de Fútbol por el lamentable espectáculo provocado en la tarde de hoy jueves en Lebrija, convocando a centenares de personas de todas las edades para realizar test rápidos de detección de covid.

La imagen adjunta, tomada a las 18:30 h., es un insulto ante una pandemia que se está cobrando miles de vidas y derivando en una una crisis sociolaboral para una buena parte de la población, fruto de las duras medidas que las distintas administraciones han tenido que tomar para frenar la curva de contagios y el colapso de nuestro sistema de salud pública.

Consideramos que la convocatoria masiva de tantas personas requiere de una amonestación firme. El negocio del fútbol no justifica tanta irresponsabilidad, cuando hay muchas actividades que se han suspendido o postergado su comienzo por cuestiones sanitarias. Semejante descontrol no puede excusarse bajo ningún concepto, teniendo en cuenta, además, de que se trata de una comarca donde el índice medio supera los 500 casos por 100.000 habitantes.

Imágenes como estas, sin duda, provocan el desaliento de tantas personas, colectivos e instituciones que están realizando el máximo esfuerzo posible, tanto personal como económico, por evitar contagios, mientras otros miran para otro lado sin escrúpulos.

Tras la presentación por parte del Consejo de Gobierno andaluz del proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2021, desde Izquierda Unida en la provincia de Sevilla realiza la siguiente valoración inicial de los mismos:

En primer lugar, parece evidente -y así lo ha dado a entender el Gobierno andaluz- que se trata de unos presupuestos realizados desde la cautela, algo que nuestra formación política considera un error en un momento crucial para acometer las necesidades sociales derivadas directa o indirectamente por la pandemia, algunas a causa de esta y otras que ya venían dándose pero que la pandemia ha hecho aún más evidentes, como es la merma en los servicios públicos. En este sentido, los consideramos unos presupuestos insuficientes para afrontar los retos presentes y futuros que, además, ni siquiera alcanzan los límites de regla de gasto.

En segundo lugar, es cierto que estamos ante el mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía, con 40.000 millones de euros, gracias a la importante aportación del Gobierno central y de los Fondos Europeos que Andalucía va a recibir en el próximo año. Sin embargo, son unos presupuestos que se alejan de la apuesta por políticas expansivas que promueven el FMI, la Unión Europea y el propio Gobierno central. Por tanto, la música inicial del proyecto de ley de presupuestos de la Junta suena a austeridad, lo que el Consejero de Hacienda ha querido llamar "responsabilidad en el gasto", en vez de al necesario incremento del gasto público que se requiere en una situación de crisis social y económica como la actual.

En tercer lugar, desde IU Sevilla consideramos que el incremento que contempla este presupuesto en materia de servicios públicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), está vinculados únicamente a los problemas que atraviesan coyunturalmente, debido a la pandemia, y no a ataja las carencias estructurales que tienen los servicios públicos en Andalucía y que deberían encontrar en este presupuesto una oportunidad para su refuerzo a medio y largo plazo.

En cuarto lugar, consideramos que estos presupuestos son, sin duda, determinantes para el futuro de Andalucía no sólo para el año 2021, sino también para los próximos años, y por eso consideramos que el tope del 2,2% del déficit que el Gobierno central ha propuesto, en todo caso, se estableció como orientativo, y que Andalucía debería superar por las dificultades objetivas que va a tener para afrontar la recuperación social y económica.

En quinto lugar, apostamos por que Moreno Bonilla aproveche la oportunidad para soltar amarras con la extrema derecha. Nuestra formación política mantiene la predisposición al diálogo, desde el estudio de las cuentas con detalle para que el Ejecutivo andaluz demuestre, como ha anunciado, que está dispuesto a que haya renuncias por todas las partes. En este sentido, solicitamos al presidente que haga un esfuerzo para que un presupuesto como este no lleve la firma de la ultraderecha; en caso contrario, tendremos que vernos en el debate de las enmiendas parciales.

En definitiva, nuestra organización cree que el Gobierno andaluz no puede escatimar en el gasto público en un momento como este y tiene margen para ello. Se pueden movilizar por encima de 1.500 millones de euros más y así se lo vamos a trasladar al Sr. Bravo. Es necesario abordar un fortalecimiento real de los servicios públicos, que sirva para poner en pie un refuerzo de los mismos a medio plazo, y no hay rastro de una voluntad por intervenir desde lo público en el modelo productivo, por diversificar la economía andaluza y recuperar tejido industrial que no nos haga tan dependientes del sector servicios y del turismo. Además, es necesario un mayor compromiso con los Ayuntamientos. En este sentido, la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma (PATRICA) supone 90 millones de euros por debajo de lo que marca la ley.

Cerramos el mes de octubre con 2.150 personas paradas más en la provincia de Sevilla, que suman hasta un total de 221.368 registradas en las oficinas del SAE, lejos aún de las cifras previas al inicio de la crisis sanitaria y la declaración del Estado de alarma en marzo pasado.

Si bien la provincia ha incrementado 12.751 personas afiliadas a la Seguridad Social y llega a los 746.571 -unas mil más de las que tenía justo antes de la pandemia-, esta se ha cobrado 27.899 puestos de trabajo en nuestra provincia respecto a febrero, cuando el número de parados/as era de 193.469. Hay que añadir, además, el efecto positivo que produce todavía el sostén de los ERTE para cerca de 18.000 personas, que se consideran afiliadas pese a no estar trabajando de forma efectiva.

Las cifras siguen poniendo en evidencia cuestiones estructurales de nuestro país y muy recurrente en nuestra provincia: por una parte, la fuerte especialización ocupacional del sector servicios, que reporta el 66,8% del total de personas paradas; por otra, el rostro femenino del paro en nuestra provincia: las mujeres son el 60% del total.

Teniendo en cuenta que la actividad económica es el resultado de una serie de elementos que tienen un carácter estructural, como las condiciones naturales, el nivel de desarrollo tecnológico, la estructura de las empresas, el modelo de financiación, las políticas públicas o los condicionantes externos, parece evidente que la clara especialización ocupacional de la economía españoĺa en agricultura, comercio, hostelería, servicios administrativos y auxiliares (incluidos los servicios de vigilancia, limpieza, etc.) y servicio doméstico, sitúa el espejo de nuestro sistema productivo ante sectores de claro predominio de la precariedad laboral. En este sentido, la situación provocada por el virus Covid-19 ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema productivo basado en el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria; es algo generalizado en nuestro país, pero muy especialmente en Andalucía.

En la provincia de Sevilla, el núcleo del crecimiento económico antes y al final de la crisis de 2007 ha pivotado en torno al turismo, la hostelería y las actividades recreativas, a las que se han unido la recuperación de la construcción y las inmobiliarias en los últimos años. En el escaso peso de la industria manufacturera, las actividades profesionales y técnicas, las finanzas, la educación y, sobre todo, la sanidad y los servicios asistenciales, está una de las claves de por qué también estamos a la cola en la respuesta a la crisis sanitaria.

Tenemos que aprender de las dificultades de producción de bienes básicos y elementos sanitarios esenciales que hemos sufrido al inicio de la pandemia. Debemos afrontar, como sociedad, el reto de superar los efectos ocasionados por esta enfermedad global, pero esto sólo se logrará en las sociedades que tengan organizaciones productivas propias que lo permitan. Esa es la tendencia que tenemos que impulsar.

Es obvio que necesitamos un cambio en la estructura económica del empleo, y que este debe orientarse hacia una mayor diversificación, una mayor sostenibilidad ambiental y un reforzamiento del sector público.

Así mismo, tenemos que revertir la serie histórica de reducción de derechos laborales, recortes de los servicios públicos, depauperación del sector científico tecnológico y desindustrialización de nuestro territorio.

En Izquierda Unida creemos que el objetivo de reindustrializar el país debe ser una prioridad para la reconstrucción social y económica. La industria es un sector clave en el conjunto de la actividad productiva en todos los países, con un impacto positivo sobre la balanza comercial y una notable aportación al progreso tecnológico. Además, aporta mayor capacidad para generar empleos de calidad y tiene un efecto tractor, vía demanda, sobre los servicios de mercado, en tanto que se trata del sector que más consumos intermedios requiere por cada unidad de producción, generando notables efectos indirectos en otros sectores. Con el fortalecimiento de la industria, logramos tres objetivos concretos: la protección de la salud de la sociedad y de los trabajadores y trabajadoras, la reconstrucción social y económicamente del país y, por último, afrontar el reto de la doble transición ecológica y energética.

El Acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación de un gobierno de coalición, menciona en su apartado 2.10.1 “la Regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía”. 

Fruto de ese Acuerdo, el Consejo de Ministros, celebrado este martes, ha aprobado el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, impulsado por Alberto Garzón y el Ministerio de Consumo. Se trata de la primera regulación de la publicidad de las casas de apuestas que se realiza en España, una nueva regulación que establece medidas para limitar la exposición de menores y sectores vulnerables a la publicidad del juego y las apuestas on line.

Para ello, este RD (que entrará en vigor al día siguiente su publicación en el BOE) establece una protección integral, desde TV hasta webs, equiparando el tratamiento de la publicidad convencional con internet y sancionado su incumplimiento con multas de 100.000 a 1.000.000 €.

El RD restringe de manera decidida buena parte de la publicidad actual de apuestas, que hasta ahora estaba sin regulación por la Ley del Juego de 2011. Por eso se refuerza la protección de colectivos vulnerables (el tramo de jóvenes de 18 a 25 años, que en 2019 supuso el 40% del total de nuevas adquisiciones de jugadores, así como la clase trabajadora en su conjunto) y muy especialmente a las personas con tendencia a ludopatía y conductas problemáticas de juego.

Se trata, además, de una normativa ampliamente validada y garantista, que cuenta con amplio respaldo social, de la Comisión Europea y del Consejo de Estado. Entre sus principales medidas, se encuentran las siguientes:

• Prohibición del patrocinio deportivo: camisetas, estadios, nombres de equipos, competiciones...
• Prohibición de bonos de captación.
• Prohibición de aparición en anuncios de famosos, ya sean de realidad o de ficción.
• Los anuncios en TV y radio sólo se podrán emitir de 1:00h a 5:00h.
• Queda prohibida la publicidad en internet, salvo en caso de webs de operadores de juego, e-mails con consentimiento previo, redes sociales y Youtube bajo petición y siempre que existan mecanismos de bloqueo.
• Obligación de los tipsters (pronosticadores) de publicar de forma íntegra todos los resultados de sus apuestas.

La necesidad de regular el juego tiene su origen en el notorio aumento de la inversión publicitaria de los últimos años (se ha casi triplicado desde 2015 hasta hoy), lo que ha generado una creciente sensibilidad social en relación con los efectos adversos derivados del juego, las evidencias científicas y fácticas al respecto y el necesario respeto al principio de precaución y al interés superior del menor.

La preocupación de nuestra organización por este tema se remonta a 2015. En las ultimas semanas, nuestros grupos municipales de toda la provincia han venido presentando mociones para restringir la implantación de casas de apuestas, dado que en los últimos cinco años el número de negocios y salones de juegos ha crecido un 25 por ciento en la provincia de Sevilla, que cuenta actualmente con 193 establecimientos de este tipo y 750 terminales, o sea un local por cada 10.000 habitantes. Estas restricciones, obviamente, tienen su fundamento en la incidencia que tiene este negocio lucrativo sobre la salud de miles de personas, con un incremento sustancial de los perfiles de riesgo en menores de 25 años.

Los coordinadores andaluz y provincial de Izquierda Unida, Toni Valero y Manuel Lay, han mantenido en la mañana de este jueves un encuentro con representantes del Grupo municipal y de la Asamblea de IU Santiponce, que llevan días recogiendo firmas a las puertas del Consultorio del municipio para exigir al Gobierno andaluz más medios humanos y materiales en la atención primaria. Tras el encuentro se ha ofrecido una rueda de prensa, donde ha intervenido, además de Toni Valero, la concejala de Hacienda y Participación Ciudadana, Teresa Melgar.

Con la recogida de firmas, IU Santiponce pretende mantener el pulso político ante la Junta de Andalucía por las lamentables condiciones materiales con que se atiende a más de 8.500 habitantes desde 2010, cuando las consultas y profesionales del centro fueron trasladados a unos módulos prefabricados instalados en la calle 28 de Febrero, a causa de los desprendimientos y fisuras detectados en el antiguo edificio que acogía este servicio. Una situación que ha sido trasladada en varias ocasiones al parlamento andaluz, la última en marzo de este año, para la cual el ayuntamiento ha puesto suelo a disposición de la Junta, que sigue mareando la perdiz y echando balones fuera.

A esta situación de partida hay que añadirle el colapso en la atención telefónica -generalizada, salvo casos urgentes, curas o extracciones- y la ausencia del servicio urgencias a partir de las 5 de la tarde, hora a partir de la cual hay que trasladarse al centro de referencia de Camas.

El colapso también se extiende al tiempo de espera en el centro y a las quejas por falta de sombra; en este aspecto, una vez más el ayuntamiento ha tenido que asumir un servicio que es competencia de la Junta de Andalucía, contratando a una persona para realizar el control de entradas, salidas, tomar la temperatura, dispensar gel, etc., lo que ha aliviado un poco la situación. Y, al igual que en muchos otros municipios de la provincia, también el ayuntamiento ha tenido que asumir la compra de mascarillas, geles, etc.

La pretensión de IU Santiponce es trasladar las firmas ciudadanas al Gobierno andaluz, como un paso más institucional tras las reiteradas iniciativas parlamentarias presentadas desde hace años, la última de ellas en marzo, sin descartar otro tipo de medidas y movilizaciones en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

La oleada de derechización que hemos venido observando en Europa en los últimos años, definitivamente, ha llegado a España. La concentración en la plaza de Colón (Madrid) en febrero de 2019, fue la muestra que abrió la radicalización y la politización que en su disputa por los votos del como cada uno define, “centro derecha”, ha desembocado en una lucha dividida en tres tendencias que se disputan el territorio español y se creen con derecho de propiedad del Estado, como son PP, Cs y Vox, que claramente sin la máscara democrática son los auténticos herederos del franquismo y el nuevo “FASCISMO MADE IN SPAIN”.

Es muy importante para los ciudadano y ciudadanas, y sobre todo para la clase trabajadora, entender de qué estamos hablando, cual es la naturaleza tienen esos movimientos “neo-nazi-fascistas” y por qué están resurgiendo.

Si los partidos de izquierdas y los/as trabajadores/as no tenemos una visión clara de lo que esos movimientos ultras significan, será harto difícil combatirlos, pararlos y finalmente derrotarlos de manera efectiva y democrática. La clase trabajadora debe prepararse para luchas futuras no muy lejanas, contra esos movimientos que representan los primeros pasos del fascismo en ascenso pues son sumamente peligrosos.

El sistema capitalista se desarrolló a partir de la decadencia del feudalismo. Aunque con las manos manchadas de sangre, fue un sistema progresista que trajo un relativo progreso, aunque de forma muy desigual al polarizar la sociedad creando unas islas de riquezas rodeadas de océanos de pobreza.

Tanto en las crisis como en los auges, el capitalismo necesita beneficios, anteponiéndolos al bienestar de la persona y reduce a la clase trabajadora a un estado de empobrecimiento brutal. No puede proporcionar ninguna solución definitiva al problema del paro, la vivienda y demás derechos y no garantiza el “Estado de Bienestar”.

Para combatir a la clase trabajadora, fomentan una fuerza superior para someter y explotar a las masas. Rememoran constantemente a la Dictadura Militar , como la que implantaron los fundadores de esos partidos arriba mencionados, despreciando y negando el relato histórico de los efectos de aquella Dictadura del millón de muertos y los 115.000 fusilados por pensar de forma diferente al régimen, que yacen todavía en las cunetas por causa del golpista Franco, que algunos siguen y añorando, con la aquiescencia del clero fascista y el repudio de millones de creyentes, agnósticos y ateos que lo consideran una aberración.

Es importante comprender que el fascismo representa y se nutre de un movimiento de la clase media empobrecida y desilusionada tras recesiones largas, expresará sus aspiraciones y sus necesidades, luchando a través de las organizaciones existentes y, si no les sirven, crearán otras más a la izquierda sobre la marcha, porque su condición social crea su conciencia de clase y la miseria, el hambre y la represión son malos consejeros.

La clase media se encuentra a mitad de camino, votando unas veces a unos partidos y otras a otros. Si pasado un tiempo de crisis no encuentran soluciones a sus problemas, sino que se agravan, una vez someten a prueba a los Partidos de derechas y los Partidos de izquierdas, en última instancia vuelve hacia la clase capitalista y muchos de los burgueses cabreados y radicalizados se convierten en los principales pilares del movimiento fascista, que tiene recursos para comprar voluntades y les promete que amordazando al movimiento obrero, pronto podrán resurgir y vivir de nuevo de la explotación de las masas, continuando sus robos y saqueos, soñando con un Partido Único y propio del “ordeno y mando”.

Los capitalistas buscan una salida a su situación, provocada por la crisis capitalista, mediante la destrucción de las organizaciones de clase del movimiento de las izquierdas, tanto sociales, sindicales como políticas.

El manifiesto pactado por Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal para expresar su comunión ideológica, y leído en la concentración de Colon, combinaba técnicas de desinformación basadas en presentar hechos falsos como si fuesen verdaderos, así surge el racismo, la xenofobia, la negra reacción que avanza con consignas de “Una España Grande otra vez”, creciendo los partidos de extrema derecha.

Los movimientos “neo-nazi-fascistas”, han surgido para aplastar a las organizaciones y partidos de clase, empiezan a coordinarse, financian grupos, fomentan la unidad y como ya dijo Aznar, llegan a la conclusión de que PP, Cs y Vox, tienen ideas comunes, como incluso declaró Casado, deben buscar un acercamiento que es lo mismo que resucitar a la CEDA, que aglutinó a todas las derechas en los años 30. Ahí reside la ideología del fascismo actual

La izquierda debe oponerse a esos elementos antidemocráticos, con la profundización de la democracia, una nueva victoria del fascismo conduciría a que el capitalismo financiero coja directamente en sus manos el aparato represor del Estado, aplicando brutalmente desde sus inicios, lo que ya plantearon, empezando por la invasión y el aplastamiento del pueblo de Cataluña.

Si se les dejara, esos elementos proponen tomar en sus manos el control centralizado de la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales y demás derechos de las Comunidades Autónomas, que serían cerradas, como han venido planteando los más carcas y ultras de esos neofascistas violentos. También ilegalizarían o aplastarían a los sindicatos y partidos obreros e incluso querrían darles un “paseo” a los más izquierdosos.

Plantean el aplastamiento total de las fuerzas sociales y con sus campañas mediáticas están llevando a la sociedad a un estado de apatía completa, fomentando el miedo y ensuciando el clima político para que las masas sigan asqueadas y desemboquen en la abstención que beneficia a las derechas, radicalizándolas para provecho propio.

La experiencia histórica junto con algunas personales, los que tuvimos que luchar en la transición contra el franquismo, nos ha hecho comprender que no es posible legislar contra el fascismo desde el punto de vista democrático, si no estamos dispuestos a acabar con el modelo que lo genera, que es el capitalismo.

Es a través de la clase trabajadora organizada y con una política firme y militante de lucha contra el fascismo, como seremos capaces de neutralizar eficazmente la amenaza que esos elementos representan para la paz y el bienestar de la humanidad. En última instancia, debemos tener como objetivo la superación del sistema capitalista, que es el que produce el fascismo, con todos sus horrores y represiones contra la clase trabajadora y los pobres.

La clase trabajadora en su lucha por la democracia nos exige seguir avanzando hacia la transformación socialista de la sociedad, como el único medio de garantizar la derrota decisiva de ese monstruoso sistema que defienden PP, Cs y Vox, que dejó su profunda huella en el Golpe de Franco y en la II Guerra Mundial, lo que históricamente demuestra que el Capitalismo es horror sin fin y que es incapaz de resolver los problemas sociales y territoriales, sino que los agravan hasta el límite del exterminio de la Humanidad.

Rubén Ballesteros Martín

Nuestro Grupo en Diputación presenta este jueves en el pleno ordinario una moción en defensa de las competencias de las entidades locales en la gestión de la dependencia, el incremento de su financiación y la mejora de las condiciones de las trabajadoras del sector. La propuesta responde a un nuevo intento del Gobierno de la Junta de Andalucía para hacer una modificación exprés de la Ley de Servicios Sociales, aprovechando la excepcionalidad de la crisis por el Covid-19, en la que “se deroga la reserva legal en favor de los Servicios Sociales Comunitarios de las Corporaciones Locales andaluzas” a la hora del “reconocimiento de las situaciones de Dependencia”.

Según recoge el preámbulo de la propuesta, la modificación impulsada por la Junta “suprime la participación y cooperación que las Corporaciones Locales andaluzas han mantenido con el Sistema de la Dependencia desde el año 2007, dejando en un limbo jurídico cuestiones tan esenciales como quién será la puerta de entrada al sistema de la dependencia de las 399.802 solicitudes (que representan nada menos que el 4,75% de la población andaluza), o quién realizará a partir de mañana las propuestas de los PIAS de las 296.872 prestaciones que se han venido haciendo hasta la fecha por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de las Corporaciones Locales andaluzas”.

Desde nuestro grupo, no existe justificación para esta medida que realiza el Decreto Ley de la Junta por “razones burocráticas”, si bien “la propia burocracia creada por la Junta de Andalucía junto con la falta de una financiación adecuada ha provocado numerosas demandas de las entidades locales, profesionales y ciudadanas para cumplir los plazos de resolución estipulados por ley (180 días) y que en Andalucía se dilataban hasta llegar a 621 días en 2019, antes de que comenzara la pandemia provocada por el COVID-19”.

Para nuestro Grupo, “el Sistema de Dependencia adolece claramente de una falta de financiación adecuada y estable para poder dar atención a los más de 64.000 dependientes que se hallan a la espera de recibir un prestación del sistema y que se ven envueltos en el limbo burocrático creado por la propia Junta de Andalucía. Así pues, es patente que no somos las Corporaciones Locales las responsables de que esos 64.000 dependientes no reciban una prestación a la que tienen derecho”.

Por otra parte, la moción recuerda que el Servicio de Ayuda a Domicilio se ha visto especialmente afectado por los efectos de la pandemia que estamos viviendo, ya que la precariedad del sector se ha visto incrementada por la necesidad de abordar los requerimientos necesarios para cumplir con los protocolos de actuación dictados por las autoridades sanitarias. En este sentido, el Gobierno andaluz ha demostrado “falta de sensibilidad” por “no considerar a las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio cómo personal sociosanitario y, por tanto, dejarlas fuera de la necesaria cobertura sanitaria para la realización de test y pruebas PCR, precisamente en un personal tan sensible a los efectos de la pandemia. Falta de sensibilidad que viene a sumarse a la ya puesta de manifiesto con la actual financiación del precio/hora que, ahora más que nunca, se muestra claramente insuficiente para poder cubrir mínimamente los costes del servicio”.

Ante esta situación, la moción pide el pleno que inste a la Junta de Andalucía a que se devuelvan las competencias a los servicios sociales comunitarios en materia de Dependencia y que, además, se simplifiquen los procedimientos que define la propia Junta de Andalucía para agilizar la resolución de situaciones de Dependencia.

Además, la propuesta recoge que se inste a la Junta de Andalucía a que “se incremente la financiación del sistema de Dependencia y se resuelvan de forma urgente todos los expedientes que actualmente están pendientes de resolución en las diferentes Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación”, así como que se incluyan a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio cómo personal sociosanitario proporcionándoles por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acceso urgente a todas las pruebas diagnósticas relacionadas con la actual pandemia.

La propuesta recoge otros aspectos adicionales, como el incremento del coste/hora del servicio de ayuda a domicilio a 16 euros/hora, como “coste mínimo para poder dignificar las condiciones laborales y retributivas del personal afecto al sector”. Por último, se solicita a la Diputación Provincial de Sevilla que “estudie la manera de adelantar los pagos vinculados con la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que en la actualidad afrontan los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, y que a muchos de estos pequeños ayuntamientos les está ocasionando graves problemas de tesorería. De esta manera, la Diputación Provincial de Sevilla sería quien soportaría con su tesorería los atrasos ocasionados por la Junta de Andalucía, aminorándose de los problemas para los Ayuntamientos”.

La Coordinadora de IU Sevilla, reunida este jueves 22 por videoconferencia, ha aprobado por la práctica unanimidad de sus miembros (97% y sin votos en contra) el Informe de Gestión presentado por el coordinador provincial, Manuel Lay, donde se analiza la situación política y social de los últimos meses, las consecuencias de la pandemia y el trabajo realizado por Izquierda Unida a nivel general y, más explicitamente, a nivel local y en el ámbito de la dirección de IU en la provincia de Sevilla.

El encuentro se inició con un minuto de silencio en memoria de tres compañeros fallecidos recientemente: Manuel Hernández, Gabriel Medina y Francisco Mije, militantes y activistas históricos de nuestra organización. 

Respecto al Informe de Gestión, Manuel Lay hizo una exposición dividida en varias partes. 

En primer lugar, un análisis de la situación sanitaria, con cifras y valoraciones de calado social al respecto de las mismas. 

La segund parte, sobre las consecuencias sociolaborales de la crisis sanitaria y las medidas que se han adoptado desde el gobierno de coalición al que pertenece IU, dentro de Unidas Podemos, fundamentalmente en apoyo de la clase trabajadora, así como las medidas que no se han adoptado en Andalucía por el tripartito de las derechas, con una especial referencia al informe de EAPN sobre riesto de exclusión social (presentado el 17 de octubre).

En tercer lugar, el Informe de Gestión expone la respuesta que se ha dado desde IU, a nivel provincial y local, ante los principales asuntos que han preocupado a la ciudadanía en los últimos tres meses: la atención primaria de salud y la vuelta a las aulas, fundamentalmente, pero también otros aspectos como el deterioro del servicio de ayuda a domicilio o la situación de las personas mayores y pensionistas. Además, se recoge también la participación de IU en las movlizaciones realizadas en ámbitos de memoria democrática y republicanismo.

El informe también incluye referencias púramente orgánicas, como la recuperación de las asambleas de IU en Lantejuela y San Juan de Aznalfarache, así como la elección de una nueva dirección en el Área Joven de IU Sevilla o las jornadas de formación sobre cláusulas abusivas en los juicios por desahucios. También se hace referencia a la labor institucional, como la presentación de iniciativas en favor de la sanidad pública o la más reciente propuesta al PSOE de Diputación para negociar una propuesta conjunta de presupuestos expansivos, diferentes a los de otros años, que pongan en el foco de atención, más que nunca, la lucha contra las desigualdades y la pobreza en los municipios.

Por último, el informe recoge también un análisis sobre la situación de Adelante Andalucía y Unidas Podemos. 

Los objetivos marcados en el documento para los próximos meses, si bien hay que contemplar las posibles dificultades que pudieran resultar de la crisis sanitaria a la hora de desarrollarlos, son los siguientes:

1. Mantener el pulso movilizador e institucional en defensa de los servicios públicos y la protección de las personas más vulnerables.

2. Contribuir a la conformación de un bloque político y social para la reconstrucción del país tras la crisis del Covid-19.

3. Continuar con la aplicación del Plan de Refuerzo Organizativo aprobado por IU Andalucía y el Plan de Acción de IU Sevilla.

Además, la responsable de organización, Paqui López, informó en la Coordinadora de IU Sevilla sobre el proceso abierto para la celebración de la XII Asamblea Federal de Izquierda Unida, así como un estado de situación de la afiliación y de los/as simpatizantes inscritos en el censo de IU Sevilla, del que se recoge una presencia de nuestra organización mantiene en 100 de los 106 municipios de la provincia.

(Foto de archivo)

El pasado domingo falleció nuestro querido compañero Manuel Hernández Vaquera, militante del PCE desde la clandestinidad y de Izquierda Unida desde su fundación; concejal de Palomares, diputado provincial, miembro de la dirección de IU Sevilla y, en el momento de su fallecimiento, coordinador local de IU Palomares.

La dirección provincial de IU Sevilla agradece públicamente las demostraciones de afecto y condolencia realizadas por numerosas personas y representantes de colectivos sociales y políticos, tanto personalmente como a través de mensajes y comunicados recibidos o publicados en medios sociales; muy especialmente, a la alcaldesa del Ayuntamiento de Palomares del Río, Ana Isabel Jiménez, que ha declarado dos días de luto oficial en el municipio mediante un bando en el que destaca de Manuel Hernández su bondad, sus convicciones políticas y su apasionamiento en la defensa de sus ideas.

 

 

 

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Amigo generoso y atento, de veladas en su casa, inolvidables, como su carácter, como su sentido del humor, ironía en busca del sentido común. Hoy hemos dicho adiós a Manolo Hernández. Lo hemos hecho acompañando a Juana, amor sin complejos, la primera que te llama por teléfono cuando lo necesitas. Te echaremos de menos, como se echa de menos al amigo, al compañero, al camarada.

Una publicación compartida de Manolo Lay (@manololay) el 19 Oct, 2020 a las 9:18 PDT

También agradecemos a Francisco Manuel Silva su sentido homenaje en el texto al que dio lectura Antonio Luis Girón en el acto de despedida civil, realizado en el tanatorio en el día de ayer.
En IU Sevilla trasladamos, una vez más, nuestro pésame a su familia y seres queridos, muy especialmente a su compañera, Juana Caballero.

Este viernes 16 de octubre se ha reunido la asamblea de base de IU San Juan de Aznalfarache para renovar su órgano de dirección local, la Coordinadora. La convocatoria ha tenido lugar en dependencias del ayuntamiento y con las medidas de seguridad necesarias para que toda la militancia pudiera ejercer su derecho. Al encuentro han asistido el coordinador y la responsable de IU Sevilla, Manuel Lay y Paqui López, respectivamente. 

Cumpliendo las normas acordadas por la dirección provincial para la celebración de la asamblea, se han sometido a votación las dos candidaturas presentadas para la elección de 5 miembros: la encabezadas por Joaquín Díaz, que ha logrado tres representantes, y la encabezada por Daniel Navas, que ha obtenido dos. En función de estos resultados, los/as compañeros/as elegidos/as son Joaquín Díaz, Elena Castilla, Marc Cirera, Daniel Navas y Virginia Falero. En los próximos días se reunirá la Coordinadora para designar las distintas responsabilidades políticas.