Nuestro Grupo en Diputación presenta este jueves en el pleno ordinario una moción en defensa de las competencias de las entidades locales en la gestión de la dependencia, el incremento de su financiación y la mejora de las condiciones de las trabajadoras del sector. La propuesta responde a un nuevo intento del Gobierno de la Junta de Andalucía para hacer una modificación exprés de la Ley de Servicios Sociales, aprovechando la excepcionalidad de la crisis por el Covid-19, en la que “se deroga la reserva legal en favor de los Servicios Sociales Comunitarios de las Corporaciones Locales andaluzas” a la hora del “reconocimiento de las situaciones de Dependencia”.

Según recoge el preámbulo de la propuesta, la modificación impulsada por la Junta “suprime la participación y cooperación que las Corporaciones Locales andaluzas han mantenido con el Sistema de la Dependencia desde el año 2007, dejando en un limbo jurídico cuestiones tan esenciales como quién será la puerta de entrada al sistema de la dependencia de las 399.802 solicitudes (que representan nada menos que el 4,75% de la población andaluza), o quién realizará a partir de mañana las propuestas de los PIAS de las 296.872 prestaciones que se han venido haciendo hasta la fecha por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de las Corporaciones Locales andaluzas”.

Desde nuestro grupo, no existe justificación para esta medida que realiza el Decreto Ley de la Junta por “razones burocráticas”, si bien “la propia burocracia creada por la Junta de Andalucía junto con la falta de una financiación adecuada ha provocado numerosas demandas de las entidades locales, profesionales y ciudadanas para cumplir los plazos de resolución estipulados por ley (180 días) y que en Andalucía se dilataban hasta llegar a 621 días en 2019, antes de que comenzara la pandemia provocada por el COVID-19”.

Para nuestro Grupo, “el Sistema de Dependencia adolece claramente de una falta de financiación adecuada y estable para poder dar atención a los más de 64.000 dependientes que se hallan a la espera de recibir un prestación del sistema y que se ven envueltos en el limbo burocrático creado por la propia Junta de Andalucía. Así pues, es patente que no somos las Corporaciones Locales las responsables de que esos 64.000 dependientes no reciban una prestación a la que tienen derecho”.

Por otra parte, la moción recuerda que el Servicio de Ayuda a Domicilio se ha visto especialmente afectado por los efectos de la pandemia que estamos viviendo, ya que la precariedad del sector se ha visto incrementada por la necesidad de abordar los requerimientos necesarios para cumplir con los protocolos de actuación dictados por las autoridades sanitarias. En este sentido, el Gobierno andaluz ha demostrado “falta de sensibilidad” por “no considerar a las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio cómo personal sociosanitario y, por tanto, dejarlas fuera de la necesaria cobertura sanitaria para la realización de test y pruebas PCR, precisamente en un personal tan sensible a los efectos de la pandemia. Falta de sensibilidad que viene a sumarse a la ya puesta de manifiesto con la actual financiación del precio/hora que, ahora más que nunca, se muestra claramente insuficiente para poder cubrir mínimamente los costes del servicio”.

Ante esta situación, la moción pide el pleno que inste a la Junta de Andalucía a que se devuelvan las competencias a los servicios sociales comunitarios en materia de Dependencia y que, además, se simplifiquen los procedimientos que define la propia Junta de Andalucía para agilizar la resolución de situaciones de Dependencia.

Además, la propuesta recoge que se inste a la Junta de Andalucía a que “se incremente la financiación del sistema de Dependencia y se resuelvan de forma urgente todos los expedientes que actualmente están pendientes de resolución en las diferentes Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación”, así como que se incluyan a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio cómo personal sociosanitario proporcionándoles por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acceso urgente a todas las pruebas diagnósticas relacionadas con la actual pandemia.

La propuesta recoge otros aspectos adicionales, como el incremento del coste/hora del servicio de ayuda a domicilio a 16 euros/hora, como “coste mínimo para poder dignificar las condiciones laborales y retributivas del personal afecto al sector”. Por último, se solicita a la Diputación Provincial de Sevilla que “estudie la manera de adelantar los pagos vinculados con la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que en la actualidad afrontan los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, y que a muchos de estos pequeños ayuntamientos les está ocasionando graves problemas de tesorería. De esta manera, la Diputación Provincial de Sevilla sería quien soportaría con su tesorería los atrasos ocasionados por la Junta de Andalucía, aminorándose de los problemas para los Ayuntamientos”.