DIPUTACIÓN | IZQUIERDA UNIDA SEVILLA | CONSEJO PROVINCIAL

Las Entidades Locales Autónomas (ELA), gozan de la condición de entidades locales creadas para el gobierno y administración de sus propios intereses, diferenciados de los generales del municipio, a cuyo efecto ostentan la titularidad de competencias propias y las que puedan serles transferidas por el propio ayuntamiento matriz. Además, mantienen la personalidad jurídica propia. Ello significa que están amparadas por el principio de garantía institucional de su autonomía local según determinan los distintos textos legales, desde la Carta Europea de Autonomía Local, las leyes locales del Estado y autonómicas, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha sentado estos principios mediante jurisprudencia.

Actualmente existen 36 Entidades locales Autónomas en Andalucía. Una entidad local autónoma es una administración pública de carácter local creada sobre la base de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, para la administración descentralizada de los intereses propios de un núcleo separado de población dentro de un término municipal, derogada por la vigente Ley 5/2010 de Autonomía local de Andalucía, en adelante LAULA, pero que es una fotocopia casi en su totalidad de la anterior.

Son verdaderas entidades locales, con idénticas potestades públicas (artículo 122 de la LAULA) que los Municipios, con competencias propias establecidas en el artículo 123 de la LAULA, similares a los municipios de menos de 5000 y tienen territorio vecinal, población, órganos de gobierno democráticos y presupuesto propio. Por tanto, son un nivel de gobierno local y sólo necesitan que el municipio matriz respete las competencias propias de estas y cumpla con sus obligaciones financieras, establecidas en las siguientes leyes: Artículo 156 de la Ley 39/88 y modificaciones a través de la Ley 2/2004 TRLHAL, artículo 130 de la Ley 5/2010 de Autonomía local de Andalucía, en adelante LAULA, o bien en los decretos de creación de estas, las más modernas, en los convenios de financiación u otras fórmulas no regladas del todo.

Las entidades locales autónomas que se creen al amparo de la mencionada ley, tendrán la condición y tratamiento de entidades locales, igualmente gozarán de tal condición aquellas entidades creadas con anterioridad a la aprobación de esta Ley por el Parlamento de Andalucía, como las EATIM reguladas por el art. 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo que los vecinos en forma mayoritaria y directa muestren su voluntad contraria.

Como cualquier entidad local que se precie, las ELAS necesitan de una financiación adecuada para la prestación de los servicios y competencias que tienen encomendadas. Competencias que deben ejercer y cumplir de forma obligatoria e irrenunciable según el artículo 123 de la LAULA, así como para ejecutar las inversiones que sean necesarias.

Esta financiación les llega principalmente de transferencias corrientes realizadas por las entidades matrices. En muchas ocasiones no se cumple esta obligación legal, o se hace de forma insuficiente e irregular.

Actualmente no existe un trato igualitario por parte de las distintas administraciones hacia las ELAS y, en general, tampoco reciben una financiación suficiente que vaya en consonancia con los criterios de reparto que existen hacia los municipios y que sirvan para garantizar la propia génesis de las ELAS. Además, tal y como han manifestado la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) y su homónima andaluza (FAEM), las diputaciones provinciales han desatendido en numerosas ocasiones su obligación de prestar la asistencia técnica, jurídica y económica a las entidades menores, lo que ha provocado un mayor déficit en equipamientos e infraestructura. Este hecho, unido a la ausencia de la regulación en la LAULA de un sistema de financiación acorde con las competencias propias encomendadas, desemboca en una creciente despoblación rural.

Es muy común que las diputaciones dediquen en las convocatorias de subvenciones a las ELAS unas cuantías inferiores con respecto a los municipios de su mismo rango de habitantes, cuando justo debería ser lo contrario. Si por algo se justifica la existencia de las diputaciones es por la asistencia técnica, jurídica y económica de las entidades locales de menor capacidad y entidad, y esas no son otras que las ELAS. Pero es que lo mismo ocurre con la Junta de Andalucía, que también discrimina a las ELAS, y las deja fuera de ayudas públicas directas, como por ejemplo las convocatorias de planes de empleo, arreglo de caminos rurales e incluso en decretos por inundaciones o catástrofes, entre otras muchas más.

1ª.- ¿Cómo es posible que no se produzca de forma acelerada y persistente una despoblación rural en estas entidades locales autónomas si ni siquiera pueden acceder a la financiación ordinaria que sí tienen garantizada los municipios por pequeños que sean?

2ª.- ¿Cuándo aprenderán los gobiernos, que tanto hablan sobre frenar la despoblación en el medio rural que esta lucha se tiene que dar a la hora de presupuestar y gestionar precisamente favoreciendo a los que más lo necesitan?

3ª.- ¿No será que en el fondo lo que se quiere de forma subliminal es suprimir a las ELAS, como ya ha pasado con la de San Julián-Marmolejo, o en trámite el Centenillo-Baños de la Encina (ambas en la provincia de Jaén)?

Es cierto que tras la continua acción de las ELAS se ha ido avanzando lentamente en la consecución de una mayor atención desde la mayoría de las provincias, pero nunca se ha llegado a la equiparación con los demás entes locales. Lo que ahora se tendría que hacer para corregir los desequilibrios territoriales es practicar una discriminación en positivo (con un plus de un 20 por ciento más a estas) y así compensar “los años de plomo sufridos” y que aún persisten desde el inicio de la democracia hasta ahora.

Especial mención debemos hacer a la Diputación Provincial de Jaén, que no aplica unos criterios igualitarios en los repartos de sus fondos incumpliendo el principio de suficiencia financiera establecido en la LAULA, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la CE. Esto supone una fuerte discriminación de las entidades locales autónomas jienenses tanto en el reparto de subvenciones a través de los planes de cooperación, como al vetarles la opción de poder concurrir directamente a cualquier otra ayuda que la institución provincial conceda. Una financiación que a la Diputación Provincial de Jaén no le supondría más de 1.400.000 euros, un 0,63% del total de su presupuesto anual, aproximadamente.

Por lo tanto, actualmente la Diputación de Jaén estaría en contra del propio espíritu que ha puesto de manifiesto la Comunidad Andaluza y en contra también de los propios informes de la FEMP, que vienen a animar a poner en práctica el espíritu integrador que el legislador ha querido darle a la nueva normativa, incorporando la opción de “Entidades locales” como beneficiarios de cualquier subvención que otorgue esta u otra diputación.

En ese sentido, no se puede cambiar de legal a ilegal, según convenga. Basándonos en la disposición legal mencionada y en los propios antecedentes de la institución, creemos necesario y urgente que se incorporen esas prestaciones desde la Diputación Provincial de Jaén, para que deje de ser la única administración provincial que no financia directamente a las ELAS. La propia LAULA establece la obligación de las diputaciones andaluzas de prestar asistencia técnica, jurídica y económica a las entidades locales de menor capacidad y entidad, según determina el artículo 12.2 de la LAULA, no olvidemos que un municipio es una entidad local, pero una entidad local autónoma, es también una entidad local, según la Dº. T. ª 2ª, de la Ley 27/2013 RSAL, por consiguiente, el municipio y la ELA, tienen una consideración horizontal de carácter troncal idéntica. Dicha afirmación emana de lo que establece el artículo 122 de la LAULA en cuanto a potestades públicas, idénticas para municipios y ELAS. Es decir, las diputaciones provinciales deben atender a las ELAS de igual forma que atienden a los municipios de menor entidad porque así lo afirma la legislación al respecto. “Efectivamente”, dicen desde FEEM, “los ayuntamientos matrices tienen la obligación de dar la parte que corresponde por Ley a las ELAS”, pero en la práctica eso no sucede así. Además, la Ley ampara esta asistencia a través del artículo 3.2 de la Ley 7/85 de Bases de régimen local, que tras la reforma de la Ley 27/2013 RSAL, se mantiene en sus mismos términos en lo referido a la condición de entidad local, con personalidad jurídica propia. Además, el Decreto 835/2003, de 27 de junio, y actualizaciones posteriores, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, establece que podrán ser subvencionadas con cargo a las aportaciones del Estado y en concreto respecto a los planes provinciales esas entidades locales, entre las que están las ELAS, dado que ostentan competencias de ejecución de obras y prestación de servicios, como indica el artículo 123 de la LAULA que especifica las competencias de las entidades locales autónomas andaluzas. En ese sentido, es absolutamente legal que las diputaciones provinciales atiendan de forma directa a las ELAS en sus convocatorias, especialmente en las inversiones locales y de planes provinciales.

En el actual contexto político, en el que la ciudadanía demanda que los políticos alcancen pactos y acuerdos para solucionar los grandes problemas que les afectan, no es razonable que una inadecuada financiación de origen, o los posibles desencuentros entre las distintas administraciones, lo paguen finalmente los vecinos y vecinas. Tampoco lo es, en una democracia avanzada, que todos los ciudadanos y ciudadanas sean iguales ante la Ley, pero que las inversiones o los mecanismos de apoyo o colaboración se hagan dependiendo de criterios que distan mucho de los estrictamente técnicos y de justicia.

Somos conscientes de que en los últimos años tanto las entidades locales autónomas, como los pequeños municipios, han sufrido un cuestionamiento directo, pretendiéndose incluso la desaparición de aquellas a través de la modificación de la legislación de régimen local. Aunque gracias a la acción de las ELAS y su Federación Nacional, se convenció a los miembros del MHAP de que no las suprimiera. Pero es que si las entidades matrices y la Comunidad Autónoma Andaluza no articulan un sistema de financiación suficiente, las ELAS están condenadas a morir por inanición.

Si ya es acuciante y urgente afrontar este problema, la inmediatez se hace mayor si encima se observa que, entre las diferentes ELAS, existe una disparidad notable en la financiación que reciben por parte de sus entidades matrices. Y esto sucede a pesar de enfrentarse todas ellas a un reparto de competencias muy similar. Por tanto, la financiación debería de basarse en un criterio objetivo, como el número de habitantes existente.

Queda probado que la determinación del sistema de financiación no es estrictamente una cuestión técnico-administrativa que hayan de resolver los funcionarios públicos o que hayan resuelto los tribunales de Justicia, ya que la voluntad política es fundamental en la determinación de este sistema.

Creemos firmemente que estos planteamientos que hoy se traen a debate servirían para dotar a las ELAS de esa autonomía que la Ley les permite. Entendemos, además, que en ningún caso la inversión y el “esfuerzo económico” que tendrían que soportar las distintas administraciones supondría un problema y sin embargo, solucionaría gran parte de las necesidades que están atravesando estas entidades locales menores. De esta manera se velaría de manera decidida por equiparar los derechos de sus vecinos y vecinas a los de los municipios.

Pedimos que las diputaciones se adapten a los nuevos tiempos y que contemplen una visión mucho más amplia y actualizada de la normativa, con la firme intención de hacer partícipes a toda la ciudadanía, indistintamente del sitio donde vivan.

En este sentido, nuestro Grupo en Diputación ha presentado en el pleno ordinario de noviembre una moción en la que se proponen los siguientes acuerdos:

La Diputación Provincial de Sevilla constituirá en el plazo de 10 días una Comisión integrada por dos representantes de la FAEM, el presidente de la Diputación o persona en quien delegue, así como los portavoces de los grupos políticos con representación en el ente provincial al objeto de abordar y determinar un nuevo sistema de financiación, de sus criterios de actualización y de las competencias que proceda delegar a las ELAS.

La Diputación Provincial de Sevilla incorporará (como viene haciendo) en todas aquellas convocatorias públicas de planes, ayudas y subvenciones como beneficiarias a las entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla. Así mismo, estudiará la posibilidad de que las entidades locales autónomas pueden acceder, previa valoración de esta Administración, a otra ayuda de carácter puntual y específica incondicionada para corregir los desequilibrios territoriales desde hace más de 40 años.

Exigir una financiación justa, a través de las aportaciones en los Tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma, para las ELAS, equiparándola a la media de los municipios de la provincia y sin que existan diferencias entre unas y otras. Así como la modificación de la Ley 5/2010 de Autonomía local de Andalucía, para que se definan las competencias que ya se ejercen por encima de las establecidas, la financiación propia y se fije la financiación desde otros niveles de Gobierno, hacia las ELAS, sobre todo desde la provincia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que ahora en la PATRICA, no se contempla a las ELAS. Así como que se modifique la Ley Estatal de Haciendas Locales, para que las ELAS, puedan obtener de forma directa la asignación por número de habitantes en la PIE.

Del mismo modo se insta a la Junta de Andalucía (Consejería de TRJ y Ad. Local) a que abone a las entidades locales autónomas los 2.500.000 € del fondo incondicionado para las ELAS que consta aprobado en los Presupuestos Generales de Andalucía para el 2020. Está acabando el ejercicio y aún no han ejecutado esta partida.

También es necesario exigir a los municipios matrices que transfieran a las ELAS la mínima financiación por la participación de la ELA en los impuestos del municipio, pues hay caso en que no reciben financiación alguna por este concepto.

Dar traslado de los acuerdos anteriores a la Federación Española de Entidades locales Menores, FEEM, a la Federación Andaluza de Entidades locales Municipales, FAEM, y a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía y del Congreso de los Diputados.

Tras la presentación de la moción, nuestro Grupo aceptó la enmienda propuesta por el Grupo Socialista, que, a tenor de lo expuesto por María Izquierdo (portavoz de Adelante), mantiene intactas las pretensiones de las federaciones de entidades locales menores a nivel andaluz y estatal. Con la incorporación de esta enmienda a la moción, el texto definitivo ha sido aprobado con el voto favorable de Adelante y PSOE, la abstención de PP y Ciudadanos.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, desde Izquierda Unida reivindicamos nuestro compromiso por la construcción de una sociedad feminista que nos permita a las mujeres vivir sin violencias, subordinación y explotación. Desde IU nos unimos al grito global que recorre el mundo luchando por un cambio de rumbo a nivel internacional. Nosotras lo tenemos claro: para acabar con la violencia machista debemos romper la alianza entre el capitalismo y el patriarcado, que se alimenta de nuestras desigualdades y, a la vez, nos oprime, nos necesita para mantener y aumentar sus beneficios y privilegios.

Este año, marcado por la pandemia del coronavirus, lo está siendo de crisis sanitaria, económica y social. La lucha contra el COVID nos ha llevado a sufrir restricciones de movilidad, confinamiento y precariedad, y las mujeres hemos estado como siempre en primera línea luchando por la vida. Durante estos meses se ha puesto en evidencia que esta sociedad está construida desde la desigualdad, la subordinación y las violencias, a la vez que hemos visto que quienes sostienen la vida y defienden lo que es esencial tienen rostro de mujer.

Nosotras estamos sufriendo el virus del COVID y el del machismo. Debemos parar el contagio de la violencia, de la reproducción de roles y estereotipos que, tras dañarnos de forma invisible, se justifica. Este virus también lo paramos juntas y juntos, haciendo visibles las violencias y siendo conscientes de que todas las actuaciones machistas cumplen un papel relevante en perpetuar la desigualdad. Por ello, desde Izquierda Unida hemos reclamado en la nueva Ley de Educación una visión transversal feminista y una asignatura de Educación Afectivo-sexual, desde la diversidad y por la igualdad entre hombres y mujeres que sea obligatoria en todas las etapas educativas. No podemos seguir contando asesinadas. ¡Educación feminista ya!

La situación de confinamiento y las medidas tomadas para afrontar la crisis sanitaria han intensificado el riesgo de violencia de género. Muchas mujeres se han encontrado en una especial situación de vulnerabilidad e incertidumbre, como demuestran los datos de la última Macroencuesta de Violencias contra las mujeres: aumento en más del 50% del uso telefónico del 016, de más de un 100% de su uso online, así como las más de 4.000 detenciones por violencia machista durante las primeras seis semanas de cuarentena. Y es que, según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al 016 se incrementaron el pasado abril en un 60% con respecto al 2019 y las consultas online aumentaron casi un 600% en relación a abril del año anterior. Multitud de medidas se han puesto en marcha, pero debemos redoblar esfuerzos y entender socialmente que el terror que sufren las mujeres encerradas con sus maltratadores es una cuestión de todas y todos.

En lo que llevamos de año en España se han cometido 79 feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. No podemos olvidarnos de las 32.000 mujeres que viven hoy en nuestro país con protección policial, ni de las 137 mujeres que son asesinadas cada día en el mundo por un miembro de su familia. No es un caso aislado, se llama patriarcado y, pese al negacionismo de una ultraderecha que ignora nuestras violencias y nos quiere solas y aisladas, estas cifras nos hablan de la urgencia de cambiar los cimientos de nuestra sociedad.

ONU Mujeres estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a este compañero en algún momento de su vida. Más de 750 millones de mujeres menores de 18 años que viven actualmente en todo el mundo se casaron siendo niñas. 120 millones de niñas de todo el mundo (1 de cada 10) han sufrido coito o relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Al menos 200 millones de mujeres y niñas han sufrido la mutilación genital en los 30 países donde existen datos de prevalencia representativos. Las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial.

Y es que son múltiples las violencias machistas que se ejercen sobre nosotras. La cultura de la violación que justifica el privilegio masculino para satisfacer sus deseos sexuales con nuestros cuerpos, normaliza, excusa, tolera e, incluso, perdona la violación y, al mismo tiempo, culpabiliza a la víctima. Es imprescindible incidir en ella para acabar con las violaciones y las manadas, y poder caminar por la calle sin miedo. ¡Porque la calle y la noche también son nuestras!

La explotación sexual es un negocio millonario que se sustenta en la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad de muchas mujeres y, cómo no, en la creciente demanda masculina de cuerpos de mujeres para su consumo. Un consumo compulsivo que se pone también de manifiesto en el alquiler de vientres de mujeres para gestar aprovechándose de su situación de necesidad y pobreza. Exigimos el cierre de prostíbulos y una alternativa digna para las mujeres prostituidas cualquiera que sea su situación administrativa y procedencia. ¡Nuestros cuerpos ni se compran ni se alquilan!

Debemos abordar de forma integral la violencia institucional: los sesgos de género en la educación y la salud, la corresponsabilidad del Estado en los cuidados, el papel de las religiones y de los medios de comunicación en la transmisión de roles y estereotipos, así como la victimización secundaria al ser agredidas por el sistema que debiera protegernos. Todo esto se multiplica conforme se conjugan las desigualdades de clase, edad, raza, diversidad funcional, orientación sexual… Por lo que solo desde la diversidad de nuestras opresiones y reconociendo las violencias específicas que sufren las mujeres mayores, migrantes, racializadas o trans podemos realmente eliminar el machismo de nuestra sociedad. ¡Queremos una sociedad libre de violencias para todas, todas, todas!

Además, en esta situación de confinamiento, las redes sociales han sido la vía imprescindible de contacto con el exterior y han demostrado que este tampoco es un espacio seguro para nosotras. Ha aumentado el acoso en redes amparado por el anonimato que permite intimidar, insultar e incomodar sin consecuencias. Como pone de manifiesto el caso (que no forma parte de las estadísticas) del suicidio de una mujer por violencia machista a causa de la difusión en cadena de un video íntimo.

Por todo ello, desde Izquierda Unida entendemos que no solo necesitamos planes integrales que den respuesta a las mujeres víctimas de las diferentes violencias machistas, sino atajar la raíz de nuestras desigualdades. Lideramos las estadísticas del paro, de la precariedad laboral y de la exclusión social, a la vez que sostenemos la reproducción de la vida durante una crisis en la que los Estados se han quedado sin herramientas tras años de políticas neoliberales. La reconstrucción que necesitamos pasa por trabajar codo con codo con el movimiento feminista y la aplicación de la perspectiva de género de forma efectiva en todas las políticas públicas, entidades e instituciones.

Este 25 de noviembre, desde nuestras casas, nuestros barrios y nuestros pueblos, alzamos nuestra voz recordando que el feminismo es la mirada crítica que necesitamos para cambiar el mundo juntas y juntos. El feminismo es nuestra vacuna. ¡Al virus machista, vacuna feminista!

NIVA e IU de la comarca de Écija han conseguido que las propuestas de mejora de movilidad en la comarca, planteadas por estas formaciones en el mes de julio a la Junta de Andalucía, se incorporen a la segunda edición del programa Andalucía Rural Conectada de transporte interurbano a la demanda por taxi para zonas donde el servicio en autobús es inviable para los operadores por la baja demanda.

Esto supone pasar de una ruta en la primera edición, a cinco rutas en la actualidad, que beneficiará a los municipios de Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana-El Campillo y Écija. Además, estas rutas persiguen luchar contra la Andalucía vaciada, incentivando y potenciando los atractivos de la zona rural, ofreciendo un modo de transporte a precios asequibles y evitando la despoblación, al tiempo que ayuda al sector del taxi.

El transporte a demanda fue una reivindicación incorporada en el Plan de Mejora de la Movilidad en la comarca de Écija que ambas formaciones acordaron mediante resolución en su Conferencia política de cargos públicos que se celebró el pasado mes febrero en Fuentes de Andalucía.

En dicha conferencia, los cargos públicos de IU y NIVA aprobaron una resolución donde se instaba a la Junta de Andalucía que en las próximas elaboraciones del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) se considere como prioritaria la recuperación del tren como un medio de transporte fundamental para la vertebración de la comarca de Écija. Así mismo, y en tanto se pone en marcha el tren, solicitamos que se mejore la frecuencia de las comunicaciones en autobús que conectan nuestra comarca con la ciudad de Sevilla y que se cree el servicio de transporte a demanda en taxis conecte nuestros pueblos con la localidad de Osuna.

Según las formaciones de izquierdas "Esto supone un avance sin precedente en política de movilidad en nuestro territorio, hasta ahora ninguna otra formación política le había prestado atención a esta demanda de la ciudadanía, desde IU y NIVA estamos convencido y hemos demostrado que trabajar con una perspectivas de comarca conlleva mejoras importantes en cada uno de los municipios que la componen."

Por desgracia, este año 2020 no ha sido un año como cualquier otro y por la misma razón el presupuesto de esta casa para 2021 tampoco podía serlo.

Desde el principio de esta pandemia nos pusimos a disposición del equipo de gobierno para colaborar en todo lo que fuera necesario, así mismo registramos diversas baterías de propuestas encaminadas a mejorar las condiciones en que los vecinos y vecinas de la provincia de Sevilla vivían esta crisis sociosanitaria y a ayudar a los Ayuntamientos en las tareas que tan ejemplarmente han acometido en esta complicada etapa.

La ciudadanía lo está pasando mal, muchas personas están paradas, metidas en ERTES… Hostelería, pequeño comercio, todos sufren las consecuencias de la pandemia. Los sanitarios desbordados tanto en la atención primaria como en los hospitales. Hemos podido ver las tragedias que se han vivido en muchos centros geriátricos de nuestra provincia, los Alcaldes y Alcaldesas sin recursos suficientes para atender y paliar las nuevas necesidades de sus municipios… Nuestra provincia no entendería que en un momento tan excepcional como este miráramos para otro lado y adoptáramos una actitud política ante los presupuestos de la Diputación como si no pasara nada, como si fuera un año más y un presupuesto más. Como si la distancia entre gobernantes y gobernados fuera abismal.

Este grupo quiere estar a la altura de lo que nuestra ciudadanía demanda y hemos preferido en este momento, de crisis sanitaria y económica, construir y aportar nuestras ideas para salir de este agujero negro de la historia.

Cuando ha llegado el momento de hacer frente a los presupuestos anuales para la Diputación, hemos querido trasladar al ámbito provincial las bases sobre las que se asientan el cambio de modelo que se pretende en todo el Estado: no dejar a nadie atrás mediante el blindaje de los servicios públicos, la diversificación de la economía y el fomento del empleo de calidad, la protección de las personas más vulnerables y el apoyo a las familias, la lucha contra la precariedad y, en el caso que nos ocupa, el protagonismo de los ayuntamientos en la reconstrucción económica y social.

Hemos mantenido varios encuentros con el equipo de gobierno de esta diputación, donde hemos trasladado una batería de medidas para su incorporación al borrador de Presupuestos 2021, no desde la consideración de enmiendas puntuales, sino como acuerdo integral de fondo para unas cuentas del 2021 que ponga en el centro un municipalismo en beneficio de la inmensa mayoría de nuestros vecinos y vecinas. Nuestra prioridad eran planes de empleo y de inversiones que dinamizaran nuestros pueblos para los duros momentos que aún nos quedan por vivir debidos a esta pandemia. Y así lo trasladamos al equipo de gobierno, junto a otras propuestas de menor calado pero que también consideramos muy importantes.

En líneas generales, vemos recogidas gran parte de nuestras propuestas tanto en el borrador de presupuestos como en el denominado ‘Plan Contigo’, donde hemos podido analizar un incremento sustancial de las partidas dedicadas a planes de empleo para las entidades locales, mayores inversiones en los municipios -con programas que serán gestionados directamente por los ayuntamientos (que era otra de nuestras demandas, mayor autonomía local) y que ayudarán a la mejora de infraestructuras y calidad de vida en los pueblos de la provincia, así como ayudas sociales para quienes peor lo están pasando. También queremos mencionar que no podemos olvidar que tiene que haber una apuesta clara y efectiva por el Consorcio de bomberos, que tiene que ser una realidad inminente. Así mismo trasladamos que hubiera partidas para luchar por la igualdad de género, programas de eficiencia energética, inversiones en el ciclo integral del agua y sellado de vertederos (dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y que no olvidáramos los programas de cooperación al desarrollo.

Consideramos que, efectivamente, en esta ocasión, el gobierno provincial que dirige Fernando Rodríguez Villalobos sí ha sabido entender que el municipalismo debe acompasar los vientos de cambio a la hora de acometer esta crisis social, puesto que, a diferencia de las cuentas inicialmente planteadas, la propuesta final supondrá poner en marcha el mayor presupuesto de la historia de la provincia con la incorporación, por una parte, de 59,3 millones más de los previstos gracias a las modificaciones introducidas por el gobierno de coalición a nivel estatal, que permitirán gastar los remanentes y relajar el cumplimiento de las reglas fiscales; y además, añadido a esto, se sumarán otros 211 millones de euros en el próximo año que permitirán desarrollar económica y socialmente nuestros pueblos y beneficiar a la inmensa mayoría social que más está sufriendo actualmente.

En base a este trabajo y a este proceso de negociación, entendemos que las circunstancias excepcionales en que vivimos, nos exigen responsabilidad y generosidad para alcanzar acuerdos por el bien de las personas. Creemos que realmente este año nos encontramos ante unas cuentas expansivas y de marcado carácter social, que ponen de relieve el papel fundamental de los servicios públicos y de las Entidades Locales para atajar los problemas cotidianos de la gente. En el caso de las funciones que tienen asignadas las Diputaciones Provinciales, creemos que deben estar al servicio de los municipios y entidades menores, dotándolos de recursos y medios para afrontar esta situación, reforzando y ampliando la cartera de servicios y políticas sociales con el objetivo de paliar las consecuencias devenidas por la terrible situación que nos asola. Con estos presupuestos, la Diputación de Sevilla formará parte de ese estado protector que la ciudadanía, las personas más débiles, y nuestros pueblos necesitan.

Pero esto no es un cheque en blanco para nadie. Esperamos que el equipo de gobierno no lo entienda así o se estaría equivocando estrepitosamente. Queremos participar también en el desarrollo del presupuesto, queremos que se ejecute hasta el último euro de los que este presupuesto destina a los municipios y entidades menores sevillanas. Dialoguen, acepten ideas, propuestas, sean constructivos. Queremos participar en la reconstrucción de la provincia y queremos aportar en esa ingente e ineludible tarea que tenemos por delante, quizás el mayor reto que haya afrontado la Diputación de Sevilla en décadas. Esperamos que igual que el grupo Adelante ha estado a la altura como oposición, el grupo Socialista esté también a la altura, como gobierno, de lo que nos demanda la ciudadanía.

[AUDIO] Intervención de cierre de María Izquierdo en el pleno 

La Comisión Colegiada de IU Sevilla, reunida ayer, ha decidido dar luz verde a la propuesta de Presupuestos 2021 y así se lo ha trasladado al Grupo Adelante de Diputación de Sevilla, con la firme intención, como no puede ser de otra manera, de fiscalizar a lo largo del próximo año el cumplimiento de las medidas incorporadas y las dotaciones presupuestarias correspondientes a las mismas.

El apoyo de Adelante a los presupuestos para el 2021, que se votarán este jueves en el pleno de Diputación, viene motivado por las medidas presentadas por nuestra organización a mediados de octubre y es fruto de los encuentros mantenidos con representantes del gobierno socialista de Diputación en las últimas semanas.

Cabe recordar que el pasado 14 de octubre emitimos un comunicado en el que solicitaba un encuentro bilateral para trasladar al ámbito provincial las bases sobre las que se asientan el cambio de modelo que se pretende en todo el Estado: no dejar a nadie atrás mediante el blindaje de los servicios públicos, la diversificación de la economía y el fomento del empleo de calidad, la protección de las personas más vulnerables y el apoyo a las familias, la lucha contra la precariedad y, en el caso que nos ocupa, el protagonismo de los ayuntamientos en la reconstrucción económica y social.

Tras la propuesta, representantes de ambas formaciones políticas han mantenido tres encuentros en los que nuestra portavoz, María Izquierdo, ha trasladado al PSOE una batería de medidas para su incorporación al borrador de Presupuestos 2021, no desde la consideración de enmiendas puntuales, sino como acuerdo integral de fondo para unas cuentas del 2021 que ponga en el centro un municipalismo en beneficio de la inmensa mayoría de nuestros vecinos y vecinas. El contenido de esas medidas han sido recogidas en diversos encuentros del Foro de Alcaldías y Cogobiernos locales, en los que han participado decenas de cargos institucionales de IU-Adelante en la provincia de Sevilla, además del grupo Adelante de Diputación y miembros de la dirección provincial de IU Sevilla.

Las líneas generales planteadas en la propuesta, que han sido recogidas tanto en el borrador de presupuestos como en el denominado ‘Plan Contigo’, suponen un incremento sustancial de las partidas dedicadas a los planes de empleo para las entidades locales, mayores inversiones en los municipios -con programas que serán gestionados directamente por los ayuntamientos y que ayudarán a la mejora de infraestructuras y calidad de vida en los pueblos de la provincia- y con más capacidad de decisión de los mismos, ayudas sociales para quienes peor lo están pasando, la apuesta clara y efectiva por el Consorcio de bomberos (con dotación económica y calendario de desarrollo material y de recursos humanos), además de propuestas nítidamente de izquierdas, como el incremento de partidas en planes de lucha por la igualdad, programas de eficiencia energética (dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) o programas de cooperación al desarrollo.

Consideramos que, efectivamente, el gobierno provincial que dirige Fernando Rodríguez Villalobos sí ha sabido entender que el municipalismo debe acompasar los vientos de cambio a la hora de acometer esta crisis social derivada de la crisis sanitaria, puesto que, a diferencia de las cuentas inicialmente planteadas, la propuesta final supondrá poner en marcha el mayor presupuesto de la historia de la provincia con la incorporación, por una parte, de 59,3 millones más de los previstos gracias a las modificaciones introducidas por el gobierno de coalición a nivel estatal, que permitirán gastar los remanentes y relajar el cumplimiento de las reglas fiscales; y además, añadido a esto, se sumarán otros 211 millones de euros en el próximo año que permitirán desarrollar económica y socialmente nuestros pueblos y beneficiar a la inmensa mayoría social que más está sufriendo actualmente.

En base a este proceso de negociación, entendemos que las circunstancias excepcionales en que vivimos ha exigido por ambas partes una voluntad de acuerdo, lo que se ha traducido en unas cuentas expansivas y de marcado carácter social, que vuelven a poner de relieve el papel fundamental de los servicios públicos y de las Entidades Locales para atajar los problemas cotidianos de la gente. En el caso de las funciones que tienen asignadas las Diputaciones Provinciales, creemos que deben estar al servicio de los municipios y entidades menores, dotándolos de recursos y medios para afrontar esta situación, reforzando y ampliando la cartera de servicios y políticas sociales con el objetivo de paliar las consecuencias devenidas por la terrible situación que nos asola. Con estos presupuestos, la Diputación de Sevilla formará parte de ese estado protector que la ciudadanía, las personas más débiles, y nuestros pueblos lo necesitan.

El pueblo saharaui lleva décadas sufriendo las agresiones del Reino de Marruecos con la complicidad de la comunidad internacional. A pesar de su responsabilidad histórica, ni los distintos gobiernos españoles ni las instituciones europeas han actuado para que se cumpla el derecho internacional y los mandatos de las resoluciones de la ONU. El pueblo saharaui lleva esperando un referéndum de autodeterminación desde que en 1991 se produjera el alto el fuego entre el ejército marroquí y el Frente Polisario y la ONU estableciera su Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Desde entonces, la población saharaui vive exiliada en las duras condiciones de los campos de refugiados de Tindouf, en el desierto argelino, o en territorio saharaui bajo ocupación marroquí, donde la violencia y la represión de las fuerzas de ocupación es sistemática.

España tiene una responsabilidad jurídica directa sobre el Sáhara Occidental, dado que transfirió la soberanía y administración a Marruecos y Mauritania de la que era su colonia de forma completamente ilegal en 1975. Un territorio que España abandonó a su suerte en 1976 sin atender a los requisitos de descolonización de la ONU. Desde la retirada de Mauritania en 1979, Marruecos es la única potencia ocupante sobre el terreno, que explota unos recursos mineros y pesqueros que generan enormes beneficios a sus empresas. Hasta que se produjeron estos acuerdos ilegales, los saharauis eran ciudadanos españoles y a pesar de este abandono por parte de las autoridades han contado durante años con la mayoritaria solidaridad de nuestro pueblo a su justa causa. Las relaciones de fraternidad que nos unen a ambos pueblos son enormes, incrementadas por años de políticas públicas de solidaridad: hermanamientos, Vacaciones en Paz o proyectos de Cooperación al Desarrollo.

Ruptura del Alto el Fuego

El conflicto en los últimos días se ha agravado. Las fuerzas marroquíes han abierto una carretera que cruza la zona del Guerguerat, en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, atravesando una zona que en los acuerdos de 1991 quedó desmilitarizada. Este paso es ilegal, pero enormemente beneficioso para las autoridades marroquíes, que lo utilizan para el paso de camiones y sus exportaciones al África subsahariana. Desde hace varias semanas, población civil saharaui ha estado protestando en la zona cortando esta carretera de forma pacífica con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional en el reclamo del referéndum y de la renovación del mandato de la MINURSO, hasta que el pasado día 13 de noviembre, las fuerzas marroquíes atacaron a los manifestantes desarmados abriendo tres pasos ilegales en el muro, iniciando así un conflicto que ha supuesto la ruptura del alto al fuego. Esta decisión puede conllevar la vuelta a la guerra entre el Sáhara Occidental y Marruecos.

El Pueblo Saharaui está cansado de esperar un referéndum porque desde 1991 han pasado casi 30 años. Una parte de su pueblo vive bajo ocupación marroquí y sus derechos humanos son violados constantemente. La otra parte vive en el exilio del desierto. Sus recursos naturales están siendo expoliados. Los más viejos dicen que no pueden morir sin al menos ver que su pueblo logra la independencia y la libertad y recupera su territorio para refundar la nación.

Sin embargo, la única mejor solución para este conflicto no es la guerra, sino la organización sin más dilaciones de un referéndum de autodeterminación que pregunte al pueblo saharaui si quiere la independencia o su integración en Marruecos. Eso es lo acordado en varias resoluciones de Naciones Unidas y debe cumplirse. A ello tiene derecho el pueblo saharaui, pero ese referéndum esta vez no puede esperar.

Por todo ello, desde IU Sevilla expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el Pueblo Saharaui ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los Acuerdos de Paz establecidos en 1991 y supone además una ruptura del Alto el Fuego, así como nuestro compromiso con la causa saharaui y nuestro convencimiento de su derecho irrenunciable al ejercicio del derecho de autodeterminación, que ya no puede esperar más.

Nuestra organización presentará mociones en los plenos municipales en los que solicitará que los ayuntamientos insten al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al nombramiento de un enviado o representante Especial para el Sáhara Occidental, imprescindible por la responsabilidad que tiene sobre la organización del referéndum, asistido por MINURSO. Cabe recordar, a este respecto, que el anterior representante Especial, Horst Koelher, dimitió por motivos de salud en mayo de 2019 y desde entonces la ONU lleva un año y medio sin nombrar un enviado especial, aun cuando su papel es importantísimo para reactivar el referéndum. Durante el mandato del expresidente alemán Koehler, se celebraron dos reuniones de acercamiento entre las partes en Ginebra, en diciembre de 2018 y mayo de 2019.

Además, las mociones que presentaremos en los ayuntamientos incluirán un llamamiento a la ONU y a la MINURSO a su implicación en el conflicto del Guerguerat y en el restablecimiento del Alto el Fuego para que los enfrentamientos no deriven en una situación de conflicto armado o incluso de vuelta a una guerra abierta.

También instamos al gobierno español, que como potencia administradora tiene pendiente responsabilidades históricas, colabore y contribuya a la celebración del referéndum y siga promoviendo una actitud de diálogo y calma entre las partes, para frenar la escalada de tensión, para la no agudización del conflicto y la vuelta al Alto el Fuego. En este sentido, el Gobierno de nuestro debe instar a la ONU a cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 que mandata a la MINURSO a la organización de un Referéndum durante el próximo año 2021, con el establecimiento de un calendario y sobre la base del censo publicado en su día por la ONU. Así mismo se deben decidir los funcionarios, tropas y fondos suficientes, para su celebración con garantías democráticas y absoluta transparencia.

Desde IU Sevilla mostramos nuestra más enérgica protesta a la Federación Andaluza de Fútbol por el lamentable espectáculo provocado en la tarde de hoy jueves en Lebrija, convocando a centenares de personas de todas las edades para realizar test rápidos de detección de covid.

La imagen adjunta, tomada a las 18:30 h., es un insulto ante una pandemia que se está cobrando miles de vidas y derivando en una una crisis sociolaboral para una buena parte de la población, fruto de las duras medidas que las distintas administraciones han tenido que tomar para frenar la curva de contagios y el colapso de nuestro sistema de salud pública.

Consideramos que la convocatoria masiva de tantas personas requiere de una amonestación firme. El negocio del fútbol no justifica tanta irresponsabilidad, cuando hay muchas actividades que se han suspendido o postergado su comienzo por cuestiones sanitarias. Semejante descontrol no puede excusarse bajo ningún concepto, teniendo en cuenta, además, de que se trata de una comarca donde el índice medio supera los 500 casos por 100.000 habitantes.

Imágenes como estas, sin duda, provocan el desaliento de tantas personas, colectivos e instituciones que están realizando el máximo esfuerzo posible, tanto personal como económico, por evitar contagios, mientras otros miran para otro lado sin escrúpulos.

Tras la presentación por parte del Consejo de Gobierno andaluz del proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2021, desde Izquierda Unida en la provincia de Sevilla realiza la siguiente valoración inicial de los mismos:

En primer lugar, parece evidente -y así lo ha dado a entender el Gobierno andaluz- que se trata de unos presupuestos realizados desde la cautela, algo que nuestra formación política considera un error en un momento crucial para acometer las necesidades sociales derivadas directa o indirectamente por la pandemia, algunas a causa de esta y otras que ya venían dándose pero que la pandemia ha hecho aún más evidentes, como es la merma en los servicios públicos. En este sentido, los consideramos unos presupuestos insuficientes para afrontar los retos presentes y futuros que, además, ni siquiera alcanzan los límites de regla de gasto.

En segundo lugar, es cierto que estamos ante el mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía, con 40.000 millones de euros, gracias a la importante aportación del Gobierno central y de los Fondos Europeos que Andalucía va a recibir en el próximo año. Sin embargo, son unos presupuestos que se alejan de la apuesta por políticas expansivas que promueven el FMI, la Unión Europea y el propio Gobierno central. Por tanto, la música inicial del proyecto de ley de presupuestos de la Junta suena a austeridad, lo que el Consejero de Hacienda ha querido llamar "responsabilidad en el gasto", en vez de al necesario incremento del gasto público que se requiere en una situación de crisis social y económica como la actual.

En tercer lugar, desde IU Sevilla consideramos que el incremento que contempla este presupuesto en materia de servicios públicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), está vinculados únicamente a los problemas que atraviesan coyunturalmente, debido a la pandemia, y no a ataja las carencias estructurales que tienen los servicios públicos en Andalucía y que deberían encontrar en este presupuesto una oportunidad para su refuerzo a medio y largo plazo.

En cuarto lugar, consideramos que estos presupuestos son, sin duda, determinantes para el futuro de Andalucía no sólo para el año 2021, sino también para los próximos años, y por eso consideramos que el tope del 2,2% del déficit que el Gobierno central ha propuesto, en todo caso, se estableció como orientativo, y que Andalucía debería superar por las dificultades objetivas que va a tener para afrontar la recuperación social y económica.

En quinto lugar, apostamos por que Moreno Bonilla aproveche la oportunidad para soltar amarras con la extrema derecha. Nuestra formación política mantiene la predisposición al diálogo, desde el estudio de las cuentas con detalle para que el Ejecutivo andaluz demuestre, como ha anunciado, que está dispuesto a que haya renuncias por todas las partes. En este sentido, solicitamos al presidente que haga un esfuerzo para que un presupuesto como este no lleve la firma de la ultraderecha; en caso contrario, tendremos que vernos en el debate de las enmiendas parciales.

En definitiva, nuestra organización cree que el Gobierno andaluz no puede escatimar en el gasto público en un momento como este y tiene margen para ello. Se pueden movilizar por encima de 1.500 millones de euros más y así se lo vamos a trasladar al Sr. Bravo. Es necesario abordar un fortalecimiento real de los servicios públicos, que sirva para poner en pie un refuerzo de los mismos a medio plazo, y no hay rastro de una voluntad por intervenir desde lo público en el modelo productivo, por diversificar la economía andaluza y recuperar tejido industrial que no nos haga tan dependientes del sector servicios y del turismo. Además, es necesario un mayor compromiso con los Ayuntamientos. En este sentido, la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma (PATRICA) supone 90 millones de euros por debajo de lo que marca la ley.

Cerramos el mes de octubre con 2.150 personas paradas más en la provincia de Sevilla, que suman hasta un total de 221.368 registradas en las oficinas del SAE, lejos aún de las cifras previas al inicio de la crisis sanitaria y la declaración del Estado de alarma en marzo pasado.

Si bien la provincia ha incrementado 12.751 personas afiliadas a la Seguridad Social y llega a los 746.571 -unas mil más de las que tenía justo antes de la pandemia-, esta se ha cobrado 27.899 puestos de trabajo en nuestra provincia respecto a febrero, cuando el número de parados/as era de 193.469. Hay que añadir, además, el efecto positivo que produce todavía el sostén de los ERTE para cerca de 18.000 personas, que se consideran afiliadas pese a no estar trabajando de forma efectiva.

Las cifras siguen poniendo en evidencia cuestiones estructurales de nuestro país y muy recurrente en nuestra provincia: por una parte, la fuerte especialización ocupacional del sector servicios, que reporta el 66,8% del total de personas paradas; por otra, el rostro femenino del paro en nuestra provincia: las mujeres son el 60% del total.

Teniendo en cuenta que la actividad económica es el resultado de una serie de elementos que tienen un carácter estructural, como las condiciones naturales, el nivel de desarrollo tecnológico, la estructura de las empresas, el modelo de financiación, las políticas públicas o los condicionantes externos, parece evidente que la clara especialización ocupacional de la economía españoĺa en agricultura, comercio, hostelería, servicios administrativos y auxiliares (incluidos los servicios de vigilancia, limpieza, etc.) y servicio doméstico, sitúa el espejo de nuestro sistema productivo ante sectores de claro predominio de la precariedad laboral. En este sentido, la situación provocada por el virus Covid-19 ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema productivo basado en el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria; es algo generalizado en nuestro país, pero muy especialmente en Andalucía.

En la provincia de Sevilla, el núcleo del crecimiento económico antes y al final de la crisis de 2007 ha pivotado en torno al turismo, la hostelería y las actividades recreativas, a las que se han unido la recuperación de la construcción y las inmobiliarias en los últimos años. En el escaso peso de la industria manufacturera, las actividades profesionales y técnicas, las finanzas, la educación y, sobre todo, la sanidad y los servicios asistenciales, está una de las claves de por qué también estamos a la cola en la respuesta a la crisis sanitaria.

Tenemos que aprender de las dificultades de producción de bienes básicos y elementos sanitarios esenciales que hemos sufrido al inicio de la pandemia. Debemos afrontar, como sociedad, el reto de superar los efectos ocasionados por esta enfermedad global, pero esto sólo se logrará en las sociedades que tengan organizaciones productivas propias que lo permitan. Esa es la tendencia que tenemos que impulsar.

Es obvio que necesitamos un cambio en la estructura económica del empleo, y que este debe orientarse hacia una mayor diversificación, una mayor sostenibilidad ambiental y un reforzamiento del sector público.

Así mismo, tenemos que revertir la serie histórica de reducción de derechos laborales, recortes de los servicios públicos, depauperación del sector científico tecnológico y desindustrialización de nuestro territorio.

En Izquierda Unida creemos que el objetivo de reindustrializar el país debe ser una prioridad para la reconstrucción social y económica. La industria es un sector clave en el conjunto de la actividad productiva en todos los países, con un impacto positivo sobre la balanza comercial y una notable aportación al progreso tecnológico. Además, aporta mayor capacidad para generar empleos de calidad y tiene un efecto tractor, vía demanda, sobre los servicios de mercado, en tanto que se trata del sector que más consumos intermedios requiere por cada unidad de producción, generando notables efectos indirectos en otros sectores. Con el fortalecimiento de la industria, logramos tres objetivos concretos: la protección de la salud de la sociedad y de los trabajadores y trabajadoras, la reconstrucción social y económicamente del país y, por último, afrontar el reto de la doble transición ecológica y energética.

El Acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación de un gobierno de coalición, menciona en su apartado 2.10.1 “la Regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía”. 

Fruto de ese Acuerdo, el Consejo de Ministros, celebrado este martes, ha aprobado el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, impulsado por Alberto Garzón y el Ministerio de Consumo. Se trata de la primera regulación de la publicidad de las casas de apuestas que se realiza en España, una nueva regulación que establece medidas para limitar la exposición de menores y sectores vulnerables a la publicidad del juego y las apuestas on line.

Para ello, este RD (que entrará en vigor al día siguiente su publicación en el BOE) establece una protección integral, desde TV hasta webs, equiparando el tratamiento de la publicidad convencional con internet y sancionado su incumplimiento con multas de 100.000 a 1.000.000 €.

El RD restringe de manera decidida buena parte de la publicidad actual de apuestas, que hasta ahora estaba sin regulación por la Ley del Juego de 2011. Por eso se refuerza la protección de colectivos vulnerables (el tramo de jóvenes de 18 a 25 años, que en 2019 supuso el 40% del total de nuevas adquisiciones de jugadores, así como la clase trabajadora en su conjunto) y muy especialmente a las personas con tendencia a ludopatía y conductas problemáticas de juego.

Se trata, además, de una normativa ampliamente validada y garantista, que cuenta con amplio respaldo social, de la Comisión Europea y del Consejo de Estado. Entre sus principales medidas, se encuentran las siguientes:

  • Prohibición del patrocinio deportivo: camisetas, estadios, nombres de equipos, competiciones...
  • Prohibición de bonos de captación.
  • Prohibición de aparición en anuncios de famosos, ya sean de realidad o de ficción.
  • Los anuncios en TV y radio sólo se podrán emitir de 1:00h a 5:00h.
  • Queda prohibida la publicidad en internet, salvo en caso de webs de operadores de juego, e-mails con consentimiento previo, redes sociales y Youtube bajo petición y siempre que existan mecanismos de bloqueo.
  • Obligación de los tipsters (pronosticadores) de publicar de forma íntegra todos los resultados de sus apuestas.

La necesidad de regular el juego tiene su origen en el notorio aumento de la inversión publicitaria de los últimos años (se ha casi triplicado desde 2015 hasta hoy), lo que ha generado una creciente sensibilidad social en relación con los efectos adversos derivados del juego, las evidencias científicas y fácticas al respecto y el necesario respeto al principio de precaución y al interés superior del menor.

La preocupación de nuestra organización por este tema se remonta a 2015. En las ultimas semanas, nuestros grupos municipales de toda la provincia han venido presentando mociones para restringir la implantación de casas de apuestas, dado que en los últimos cinco años el número de negocios y salones de juegos ha crecido un 25 por ciento en la provincia de Sevilla, que cuenta actualmente con 193 establecimientos de este tipo y 750 terminales, o sea un local por cada 10.000 habitantes. Estas restricciones, obviamente, tienen su fundamento en la incidencia que tiene este negocio lucrativo sobre la salud de miles de personas, con un incremento sustancial de los perfiles de riesgo en menores de 25 años.