Diputación: Pedimos al Gobierno central la modificación de la legislación sobre 'regla de gasto'

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El Grupo de IU en Diputación de Sevilla presenta en el pleno del próximo jueves, 30 de noviembre, una moción solicitando al Gobierno central que modifique la actual regulación de la regla de gasto, con la idea de que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit fiscal en la mejora y afianzamiento de los servicios públicos y no en el pago de la deuda pública. Además, en este sentido, la moción solicita un apoyo expreso al Ayuntamiento de Madrid.

En concreto, los Acuerdos que se proponen en la moción son los siguientes:

  • Primero: Instar al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del artículo 135 de la Constitución Española que modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control de la morosidad, reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública, asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas.
  • Segundo: La Corporación Provincial de Sevilla muestra su solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid e insta al Gobierno Central a la retirada inmediata de los controles financieros impuestos al mismo por considerarlos un ataque injustificado a la Autonomía Local reconocida por la Constitución.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, dando "prioridad absoluta" al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En concreto, la prohibición, en el artículo 11 de la citada Ley, de incurrir en "déficit estructural", y la enunciación, en el artículo 12, de la denominada "regla de gasto" están restringiendo de manera injustificada la actuación las Corporaciones Locales (CCLL), en un contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.

La regulación de la "regla de gastos" en nuestro país, a diferencia de otros países europeos, impone una regla injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, que, en particular, las CCLL se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de sanciones y un mayor control por parte de la Administración Central.

Más aún, tal y como es aplicada, la regla de gasto supone una agravio comparativo para las CCLL respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que sufren en comparación con la Administración Central. En efecto, el mal diseño de la regla provoca que, en la práctica, se aplique de manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio más severo en términos de consolidación fiscal que el que se deriva de aplicar el objetivo de estabilidad.

De este modo, no es de extrañar que haya sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit público. La profunda inequidad en el reparto del esfuerzo de consolidación ha producido una sustancial brecha en el saldo presupuestario que mantienen las CCLL españolas en comparación con las del promedio de la Unión Europea. Como consecuencia la aplicación de la regla de gastos ha supuesto un importante obstáculo para asegurar una recuperación del gasto público que haga posible que las CCLL españolas se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia presente en el resto de Europa.

No sólo eso, sino que el hecho de que la LOEPSF incluya sanciones económicas y mecanismos de intervención por parte del Gobierno en las administraciones que no cumplan con el nivel de gasto que se deriva de la regla socava también el principio de autonomía local. De hecho, supone una injerencia especialmente difícil de justificar en un contexto en el que en el que la mayoría de las CCLL presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería.

Martes, 28 Noviembre 2017 12:02

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