IU Sevilla denuncia que una vez más, la Junta de Andalucía se ha limitado a lavarse las manos en la gestión de la apertura de los centros educativos y la realización de pruebas a los trabajadores y trabajadoras municipales de los Ayuntamientos.

Durante el proceso de desescalada en nuestra comunidad autónoma, las diferentes Consejerías han venido comunicando a los gobiernos municipales el cumplimiento de determinadas obligaciones que suponen a las arcas municipales “sacrificios que conllevan gastos no previstos en los presupuestos, y sin tener posibilidades de asumirlos como tales, con especial hincapié por no tener partidas presupuestarias para el Covid-19” tal y como ha respondido por escrito el Alcalde de La Puebla de Cazalla, Antonio Martín Melero, al Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Desde IU Sevilla consideramos, además, que el caso de la apertura de los colegios ha supuesto una absoluta dejación de funciones por parte de la Consejería, que se ha limitado a dar instrucciones al personal docente que, en apenas dos días, se han visto forzados a convertirse en delegados/as de prevención de riesgos laborales, a adquirir material de desinfección sin ningún tipo de especialización técnica sobre el mismo y a estudiar por su cuenta y riesgo una normativa que difícilmente han podido poner en práctica con todas las garantías de protección personal y limpieza de los centros.

Todo el desaguisado del Plan de Apertura de Centros Escolares, por otra parte, se ha puesto en marcha sin respetar el Acuerdo de la Mesa General, tal y como han denunciado las centrales sindicales presentes en la misma. Según CC.OO., por ejemplo, la Consejería ha impuesto la apertura “obviando la realización de test al personal en contacto con público, no valora el teletrabajo docente y educativo que debe combinarse (dirección, secretaría...), genera incertidumbre sobre retirada de material escolar y no garantiza las medidas de protección”.

En lo que respecta a la realización de pruebas diagnósticas de detección de Covid-19 a diferentes colectivos que prestan servicios municipales, ha sido numerosos los gobiernos locales que han solicitado los correspondientes tests a la Consejería de Salud, en aras a garantizar la fiabilidad de las pruebas. Es el caso del Ayuntamiento de Espartinas, donde el Delegado de Salud, José María Calado, tras solicitar a la Junta las pruebas al personal municipal, lo único que ha recibido como respuesta es que sea el ayuntamiento el que adquiera los hisopos para la toma de muestras, y además con la obligación de comunicarlo a la autoridad sanitaria.

Por tanto, la Junta de Andalucía no establece ningún ‘Escudo Social’ como el que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición español; se limita a copiar-pegar los recursos presupuestarios ya aprobados antes de la crisis sanitaria, poniéndoles la nueva etiqueta “Covid-19”, o a gestionar los recursos extraordinarios que vienen del Consejo de Ministros; y, para colmo, hace recaer sobre los ayuntamientos el peso económico de las medidas de protección de la salud laboral y la desinfección de los espacios públicos.

Para IU Sevilla, esta deriva recuerda a la época de los “viernes negros” de Rajoy, cuando sus consejos de ministros aprobaban privatizaciones de servicios (como está haciendo la Junta en la sanidad pública como las Clínicas Pascual), rescate de bancos y estrangulamiento de los ayuntamientos a través del bloqueo de sus superávits mediante Real Decreto Ley, algo que, precisamente ahora, el mismo partido que lo impuso es el que está solicitando su derogación.