La decisión de la alcaldesa supondrá un coste cercano a los 135.000 euros para las arcas municipales por el proyecto de obra ya realizado y los intereses que habrá que devolver

El Ayuntamiento de Cantillana solicitó en su día una subvención de 2,4 millones de euros a la Diputación Provincial de Sevilla que ahora va a rechazar. Con los votos a favor de PSOE, PP y Levantaos Cantillana -formación heredera del PA-, el Pleno municipal aprobó este jueves desistir de la ejecución de una obra que iba a servir para ampliar la Casa Consistorial y convertirla en un edificio eficiente con un consumo energético prácticamente nulo gracias a un programa específico convocado por Diputación a través del Plan Contigo del que se han beneficiado nueve municipios de la provincia.
Según ha explicado el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Alonso Javier Mesa, esta decisión supone rechazar una subvención de 2,4 millones de euros “que iba a financiar el cien por el cien de los trabajos, es decir, sin coste alguno para las arcas municipales. Y estamos hablando de una inversión equivalente a, prácticamente, el 30% del presupuesto municipal”.
Mesa ha asegurado que se trata de un “cambio de criterio” de la ahora alcaldesa, quien durante el mandato anterior ejerció como portavoz del PSOE y siempre apostó por llevar adelante esta obra, al tiempo que ha denunciado que el argumentario sobre el que se basa la propuesta elevada a pleno es “deliberadamente inexacto en algunos aspectos, aporta información incompleta y no está avalado por ningún informe técnico” que justifique una decisión que calificó de “exclusivamente política”.
El portavoz de Izquierda Unida ha explicado que “si bien es cierto que la primera adjudicación se declaró desierta y esto demoró todo el procedimiento administrativo”, la obra se adjudicó por resolución de Alcaldía el 9 de mayo a la empresa Urban Infraestructuras 4G, SL. “Es decir, casi seis meses antes de que expirara el plazo concedido por la Diputación Provincial de Sevilla para la adjudicación, que finaliza el 31 de octubre”, ha subrayado.
En opinión de Izquierda Unida, renunciar a esta obra y a su íntegra financiación va a acarrear “perjuicios” a la economía local, ya que estos trabajos podrían suponer la contratación de trabajadores locales y de empresas auxiliares, así como algunos ingresos extra para el pequeño comercio, bares y restaurantes “que les podrían servir como una ayuda económica durante los 12 meses previstos del plazo de ejecución”.
Además de devolver la garantía definitiva a la empresa, el Ayuntamiento habrá de reintegrar ahora la cuantía ya ingresada por la Diputación Provincial con los correspondientes intereses y habrá de asumir con fondos propios el coste del proyecto, ya redactado, que supera los 70.000 euros. Todo ello contando con que la adjudicataria no reclame daños y perjuicios a la Administración por la no celebración de un contrato por causas ajenas a ella.
Para Alonso Javier Mesa, no es creíble que Cantillana sea el único municipio de los nueve beneficiarios que no puede garantizar que este proyecto llegue a buen término, ni siquiera por contingencias que pudieran surgir y que la propia Diputación ya había previsto ampliando la cuantía del programa en tres millones de euros.
Por ello, ha señalado que se trata de una cuestión de voluntad política, “ya expresada, por cierto, por la actual alcaldesa desde antes de serlo”. A su juicio, es una “irresponsabilidad política que va a hurtar al conjunto de los vecinos el derecho a contar con una casa consistorial más capaz, moderna y eficiente desde el punto de vista energético que podría dar un mejor servicio a la ciudadanía por muchos años”.