Analizando el informe Mercado de trabajo en Andalucía 2008-2018, elaborado por CESUR (Empresarios del Sur de España) se puede llegar a la conclusión de que, pese a tener una mirada de patronal al sector industrial y de los efectos del cambio tecnológico, contiene datos y algunas conclusiones interesantes.
En primer lugar, la evidencia: “El principal problema del mercado de trabajo tanto español como andaluz sigue siendo el paro de larga duración: aún quedan casi 1,9 millones de parados en España que llevan más de 12 meses sin encontrar empleo (más de medio millón en Andalucía)”.
A ese dato dramático suma otro: el uso intenso de la contratación temporal, cuya tasa supera el 26% en nuestro país y 36,2% en Andalucía. Además, el informe tiene en cuenta un concepto, que califica como “definición alternativa”, de la fuerza del trabajo infrautilizada, que engloba a la “población desanimada e inactiva” pero que desea trabajar, así como a quienes tienen un contrato a tiempo parcial pero querrían trabajar más horas, más las personas contratadas temporalmente de manera involuntaria.
En base a estos criterios de fuerza del trabajo infrautilizada, tenemos en nuestro país a 9,4 millones de personas infrautilizadas laboralmente, es decir, población activa en desempleo, subempleo o empleo precario. En Andalucía es todavía más grave: 2,2 millones de personas, más de la mitad de la población activa (53,2%).
En segundo lugar, la industria andaluza. La crisis del 2009 dejó atrás un 15% de su “valor añadido” (que no sé muy bien lo que es) y la del 2011 otro 15% más, sobre todo en sectores vinculados con la construcción (madera, cemento, etc.). Tras la crisis, el informe apunta al crecimiento de sectores como industrias extractivas y derivados del petróleo (que, dicho sea de paso, son enemigas del cambio climático), fabricación de vehículos de motor, química, cuero, calzado y equipos eléctricos. Se mantienen la industria agroalimentaria y caen sectores también tradicionales, como la metalurgia y los vinculados a la construcción.
Según el informe, “Gran parte del impulso productivo de los últimos años ha venido incentivado por el aumento de las ventas en el exterior”. Entre ellos, la aeronáutica, la automoción y las extractivas, mientras que hay caído las que satisfacen la demanda interna (obviamente: construcción y sector inmobiliario, agotado por colmatación).
En cuanto al cambio tecnológico, una de las conclusiones que han tenido más repercusión mediática en este informe de CESUR, afectará a más de la mitad de trabajadores/as en Andalucía durante los próximos diez años. La robotización y la irrupción de la Inteligencia Artificial afectará más (casi el doble) a la población activa con estudios primarios o inferiores (70%) que a la que tiene estudios superiores (38%) y también más a jóvenes, actividades de seguridad, agricultura, ganadería y pesca. La educación, la sanidad, la investigación y desarrollo tendrán menos probabilidades de automatización, ya que necesitan “habilidades cognitivas e intelectuales humanas” muy importantes.
Ante estos datos, que ponen en evidencia un cambio fundamental de modelo productivo en una Andalucía tradicionalmente vinculada al sector primario (además del turismo), ¿cuál va a ser la respuesta de la política, de las instituciones, de los poderes legislativos y ejecutivos? ¿Vamos a seguir potenciando el sol y playa, las kelis, la explotación del subsuelo para obtener energías fósiles, el empleo basura y sin derechos, el timo del “emprendimiento”?
Aunque las propuestas que se realicen estén en las antípodas de quienes creemos en otro sistema económico, el hecho de que un informe encargado por empresarios critique un “modelo de creación de empleo tan pernicioso para la mejora de la productividad”, porque “Sin más empleo estable se hace del todo imposible avanzar hacia una economía más sostenible y más generadora de valor añadido”, incluso para quienes cuestionamos los conceptos (¿productividad? ¿economía sostenible? ¿valor añadido?), ya es un toque de atención suficiente. Que caerá en vano, naturalmente.