En las últimas semanas se han tramitado escritos de queja al Defensor del Pueblo Andaluz y a la Defensora del Pueblo estatal, se ha registrado una pregunta parlamentaria de Alberto Garzón y se ha aprobado una moción en el Ayuntamiento de Sevilla, iniciativas todas ellas encaminadas a evitar que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos siga incumpliendo la Ley y readmita a los trabajadores y trabajadoras despedidos.

 

 

 

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Sevilla, Manuel Lay, denuncia la “actitud discriminatoria de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos hacia los trabajadores y trabajadoras contratados mediante la modalidad de contrato de fomento de empleo para la inserción de personas con discapacidad a tiempo completo, que son despedidos después de haber trabajado durante tres años”.

 

Según Lay, “esta práctica incumple el Art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, donde dice que ‘…los trabajadores que en un periodo de treinta meses, hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos”. 

 

Como es evidente, esta situación resulta aún más grave y preocupante en el caso de la contratación de personas con discapacidad. Concretamente, en Andalucía, se han confirmado varios casos de personas (cuyo número está sin determinar, debido a la opacidad y oscurantismo de la Entidad a la hora de facilitar información al respecto), que fueron contratadas mediante la modalidad de contrato de fomento de empleo para la inserción de personas con discapacidad a tiempo completo, con contratos anuales que fueron prorrogados hasta los tres años, ocupando puestos estructurales y que, transcurrido ese tiempo, tras un desempeño ejemplar y altamente capacitado -así reconocido en los informes de sus directores y por la propia Sociedad Estatal-, fueron despedidos y reemplazados por nuevos trabajadores con discapacidad, sin incrementar el número de ellos en la empresa, beneficiándose la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, repetidamente, de las ventajas económicas que contempla la Legislación y, sucesivamente, transformando una medida que tiene como objetivo y finalidad el fomento del empleo indefinido de un colectivo altamente desfavorecido, en una fuente de ingresos periódicos, actuando en fraude de Ley.

 

En este sentido, según el coordinador provincial, “dos trabajadores de Sevilla mayores de 50 años y con diversidad funcional, despedidos de Correos después de haber trabajado durante tres años mediante la modalidad señalada, remitieron en su día una queja a la Defensora del Pueblo (Nº Expediente: 16001687), que fue admitida por la citada Institución, que ya ha iniciado “las actuaciones oportunas ante la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S. A.” (Registro de Salida 11/03/2016 – 16018006). 

 

Sin embargo, la política de hechos consumados por parte de Correos obliga a los trabajadores con discapacidad a acudir a la Justicia del orden social y demás organismos competentes en defensa de sus derechos, careciendo de ingresos y prolongando en el tiempo una situación de total desamparo, injusta y excluyente, por el alto riesgo de exclusión social que sufre el colectivo de personas con discapacidad, además de enfrentarse a la amenaza de “quien denuncia a la empresa no vuelve a trabajar en ella”, represalia coercitiva ejercida habitualmente por Correos.

Además, el pasado 12 de abril, se presentó una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, tramitada por el diputado de IU-UP Alberto Garzón, en la que, además de instar al Ministerio de Hacienda a informar sobre el número de personas con discapacidad que han sido contratadas y cesadas mediante estas prácticas, por parte de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, en los últimos cinco años, se advertía de que “la empresa puede estar percibiendo las subvenciones por las personas con discapacidad, contratadas y cesadas y también por los nuevos contratos, de forma ilegal, sin haber hechos fijos a los anteriores ni aumentar en número de estos en la empresa, como exige la Ley”. Esta pregunta, por motivos evidentes de convocatoria de elecciones y suspensión de la actividad parlamentaria ordinaria, queda a la espera de ser respondida.

 

En este mismo sentido, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla presentó, el pasado viernes 29 de abril, una moción de apoyo del Pleno al colectivo de personas con discapacidad despedidas en Correos, moción que fue aprobada y cuyos acuerdos instaban a la citada sociedad estatal a “mantener el empleo creado para personas con diversidad funcional y reincorpore a sus puestos (…) a las personas despedidas”, y también “a cumplir la Legislación en materia de incorporación de una cuota de reserva mínima de puestos de trabajo para personas con discapacidad en su plantilla”.