Nuestro Grupo en Diputación va a presentar en el pleno del jueves 25 una moción que Insta al Gobierno central a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas, fundamentalmente a los ayuntamientos, abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos.

En este sentido, además, el texto de la iniciativa propone que "hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia".

Para poder poner en marcha esta propuesta, se insta al Gobierno "a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de esta crisis, en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana, y materiales de seguridad (EPI) de empleados municipales, no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto".

Por último, la moción propone "permitir superar los límites de la masa salarial para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las Entidades Locales", principalmente "la contratación con carácter temporal y excepcional, de personal de limpieza y desinfección (en todos sus ámbitos), de trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y demás personal necesario para atender directamente a la población de riesgo y vulnerable".

Cabe recordar que la propuesta está vinculada con la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por el entonces gobierno de Mariano Rajoy, sigue en vigor y, de igual forma que ha bloqueado el gasto público desde 2012 hasta 2019, sigue restringiendo sobremanera la capacidad de gasto de las administraciones públicas en la nueva situación de emergencia.

Tal y como se recoge la exposición de motivos, "la aplicación de la denominada regla de gasto provoca que los gobiernos de las corporaciones locales se encuentren obligados a mantener importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente, en el marco de sus competencias, a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social, de un 27,9% de la población (según el indicador AROPE de la última Encuesta de Condiciones de Vida) que presenta actualmente nuestro país".

Por tanto, evitar esa Ley se convierte en una prioridad en los momentos actuales, ya que "el golpe económico derivado de la crisis del Covid19 impactará sobre las personas que sufren más precariedad sin que las administraciones locales tengan capacidad de intervenir por el efecto perverso de unas reglas fiscales aún en vigor en España".