La moción, presentada por nuestra portavoz María Izquierdo, pretende revertir el anuncio de la Junta de Andalucía de subir el precio de los servicios de comedor escolar y aula matinal, "tras la eliminación de 529 aulas de infantil y primaria y la insultante deducción del IRPF de 150 euros por cada hijo matriculado en un centro privado". La propuesta salió adelante con el apoyo del PSOE y el voto en contra de las tres derechas.
Contenido íntegro de la moción.
Señalaba el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe Derechos de la ciudadanía durante la Covid-19: Primera ola de la pandemia, que “todas las crisis se ceban con los más débiles, y la que atravesamos, como por todos es sabido, con más razón, puesto que aun siendo de índole sanitaria, sus consecuencias son acusadamente económicas”.
La desigualdad es un problema cronificado en Andalucía, que se ha acentuado aún más con motivo de la crisis coyuntural de la Covid-19. En el ámbito de la educación, se ha manifestado con mayor intensidad con motivo del paso de un modelo presencial a otro telemático, que supuso la aparición de una brecha digital y de clase social en la educación.
Se calcula que cerca de un 10% de los alumnos andaluces carecieron de un ordenador en casa en los primeros meses de la pandemia. No es casualidad que los datos de enero de 2021 del Ministerio de Educación señalasen que Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor tasa de abandono temprano (21,8%), solo por detrás de Ceuta y Melilla. Además, aunque la educación pública sea gratuita, la gratuidad y la universalidad no puede ser entendida si costes como el transporte, los libros de texto o la alimentación no están cubiertos para las familias más necesitadas.
En la lucha contra la desigualdad y la exclusión social, los servicios complementarios juegan un papel clave del buen funcionamiento de la Educación Pública de Andalucía y la integración de la población más vulnerable. En particular, los servicios de comedor escolar y aula matinal son determinantes para lograr más igualdad de oportunidades, para promover la conciliación y para garantizar la incorporación laboral de las mujeres, que son las que sostienen la mayor parte de los cuidados de los hogares.
Recientemente, se ha conocido que el precio de estos servicios subirá a partir del próximo curso como consecuencia de una actualización tras 12 años congelados. La Consejería de Educación y Deporte justifica que esta decisión es fruto de la obsolescencia del modelo actual y, gracias a la presión de las patronales, por la huida de empresas que prestan el servicio. Además, añade que dicha subida no va a repercutir a las 125.000 familias necesitadas (40% de los usuarios totales), que se encuentras ya bonificadas, y que la Junta de Andalucía asumirá el 60% del incremento del coste global de la medida.
La gestión de los servicios complementarios, y en particular de los comedores escolares, ha sido caótica desde el comienzo de la legislatura, y en particular en el último curso escolar, por una falta de planificación del Gobierno andaluz. En la provincia de Jaén, 40 comedores han estado meses y meses sin funcionar desde el principio de curso. En la provincia de Granada, 45 colegios se quedaron en la estacada en diciembre pasado tras expirar el contrato de las empresas concesionarias. Las trabajadoras y los trabajadores de las aulas matinales han afirmado sentirse abandonados en los momentos más duros de la pandemia. Por contra, hay experiencias exitosas en Granada, premiadas y reconocidas por la propia Junta de Andalucía, de comedores escolares abastecidos por cocina propia en el centro educativo que han permitido mejorar la calidad del servicio a la vez que favorecer el empleo local, el uso de productos de proximidad, la mejora de la alimentación y la sostenibilidad.
Ante el sufrimiento generado por la crisis de la Covid-19 y la nefasta gestión de los servicios complementarios, la propuesta estrella de la Consejería de Educación y Deporte consiste en la subida de precios de los servicios complementarios. En plena crisis social y económica, el Gobierno andaluz en lugar de reflexionar acerca de las causas de los problemas en la gestión, que obedece a las externalización de la que dependen los servicios, impone una decisión que repercute negativamente en las arcas públicas y en los bolsillos y bienestar de las familias andaluzas.
La Junta de Andalucía, y en particular la Consejería de Educación y Deporte, han demostrado no estar a la altura de este momento histórico, aplicando medidas que van a contracorriente de las soluciones que demanda la comunidad educativa. Después de la eliminación de 529 aulas de infantil y primaria, y la insultante deducción del IRPF de 150 euros por cada hijo matriculado en un centro privado, el Gobierno andaluz ahora pone en el punto de mira a los servicios complementarios; servicios que ha demostrado no saber gestionar en favor del interés general desde el comienzo de la legislatura.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente propuesta de ACUERDOS: